Alas Aluminium inició su actividad en la antigua escombrera del pozo María Luisa, de Ciaño, en 2005 y llegó a contar con más de 300 trabajadores. Tres años después de su puesta en marcha, realizó una ampliación de las instalaciones. A principios de 2009, se supo que la firma pasaba por dificultades. Desde entonces, la situación fue a peor y en 2011 entró en concurso de acreedores, despidiendo a sus 270 trabajadores. Tras recibir más de 13 millones de fondos mineros, Alas acabó cerrando tras acumular 58,5 millones de deudas.
Junto a Hunosa, también participaron en la iniciativa la Sociedad Regional de Promoción (SRP) y la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco), con diferentes aportaciones. La SRP cerró a principios de año un acuerdo con dos de los socios privados promotores de la extinta aluminera por el que percibió 2,3 millones de euros, lo que suponía la recuperación de un 85 por ciento de su aportación al proyecto de reactivación. Esto se logró tras un fallo judicial que dio la razón a la entidad regional. Lo mismo ocurrió con Sodeco, a los que tenían que devolver dos millones de euros, y Hunosa.
El proceso judicial se había iniciado a finales del año 2012. Las sentencias reflejaron que, en las distintas ampliaciones de capital, la empresa Alas Aluminium se comprometió a recomprar las acciones adquiridas por estas entidades una vez hubieran pasado cinco años. La pelea legal se centró en determinar si había transcurrido ese tiempo para hacer obligatoria la recompra de las acciones.
La factoría resurgió en 2016 rebautizada como Alas Iberia, con nuevos inversores y sin necesidad de acudir a las ayudas públicas para su puesta en marcha, utilizando capital propio.
