La jueza instructora del "caso Hulla" por el desvío de fondos mineros para la construcción de la residencia de mayores de Felechosa y en el que los principales implicados son el ex líder minero José Ángel Fernández Villa, y su número dos y expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, además del constructora del residencial, el arquitecto, el asesor fiscal y el asesor jurídico, ha retirado a la mutualidad la condición de acusación particular. De este modo, abre la puerta a que el Montepío se convierta en responsable civil subsidiario, lo que podría poner en peligro la continuidad de la entidad en el caso de que los implicados fuesen condenados a devolver el dinero y se declarasen insolventes. Así lo había señalado con anterioridad su presidente, Juan José Pulgar. Fuentes del Montepío confirmaron ayer la existencia del auto que les revocaba la condición de acusación particular, que estudian sus servicios jurídicos.

Y es que si el Montepío acaba como responsable civil subsidiario podría ser obligado a devolver gran parte del dinero procedente de fondos mineros que obtuvo para la construcción del centro geriátrico, una cantidad que lastraría a la entidad hasta su desaparición. Fue la Fiscalía Anticorrupción la que había solicitado que estuviera fuera de la acusación particular con el argumento de que la entidad recurrió la prohibición de disponer de la residencia geriátrica de Felechosa, que por orden judicial no se puede vender, gravar o enajenar.

Desde la asociación de Mutualistas del Montepío, crítica con la gestión que desempeña el presidente de la mutualidad, responsabilizaron ayer a Pulgar de los derroteros de este proceso. "Hace tiempo que venimos advirtiendo sobre la gestión que la actual dirección del Montepío ha venido realizando, pues creemos que está poniendo en serio peligro la propia existencia de la mutualidad". El colectivo hace referencia al auto de la jueza que instruye el "caso Hulla", destacando que la magistrada "entiende que la actuación del Montepío es de forma opuesta a lo esperado de la acusación, llegando a defender los intereses de la parte investigada; también entiende la inactividad del Montepío en el esclarecimiento del presunto desvío de sus fondos".

El colectivo crítico con la dirección de la mutualidad continúa asegurando que la jueza, en su auto, "achaca que no sólo no se ha aportado dato contable o extremo alguno sobre el perjuicio patrimonial de la entidad como entendía Juan José Pulgar en sede judicial, sino que mantiene varias reclamaciones en vía civil frente a los investigados". Para el colectivo, la revocación dictada por la jueza "trata de evitar la presencia de una acusación personada que de forma encubierta ostente intereses contrarios a los de algunas de las defensas en beneficio de otras, y en modo alguno actúe en atención a la carga procesal correspondiente a la postura que asume". Por ello, la entidad reitera su petición de dimisión para el presidente del Montepío "cuyas decisiones están llevando a la mutualidad a una deriva que puede acabar con su desaparición".

Desde el Montepío siempre se defendió su participación como acusación particular "dado su innegable carácter de perjudicado por los delitos que han sido denunciados de forma expresa", tal y como alegó la entidad al conocer que Anticorrupción había pedido su salida de la acusación , como finalmente ha sucedido. Desde la mutualidad se aseguraba entonces que "no reconocer la calidad de víctima del Montepío, sería hacer pagar doblemente a los mutualistas".