El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que inhabilitaba a Sadim Inversiones, la filial de diversificación de Hunosa, para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante un periodo de dos años por no velar por los fondos públicos en la quiebra de Laboratorios Diasa Pharma. La extinta firma farmacéutica de Turón estaba participada en un 40% por la hullera pública. También le exige el abono de un máximo de 420.774 euros por los impagos tras la liquidación de la farmacéutica, que corresponde a la deuda generada por el retraso en la entrada en concurso de acreedores de la empresa. Desde la filial de Hunosa confirmaron ayer esta sentencia y sus servicios jurídicos se encuentran estudiando la posibilidad de presentar un nuevo recurso.
La sentencia del alto tribunal mantiene que el concurso de acreedores fue fraudulento y condena a los promotores de Diasa (inhabilitados por un periodo de entre 5 y 10 años) a que abonen los impagos tras la liquidación de la empresa, que acumulaba una deuda de 18 millones de euros, al igual que pedía la Audiencia Provincial. El proceso en los tribunales se inició en el Juzgado de lo Mercantil, que metió a la filial de Hunosa en el mismo saco que los promotores a la hora de hacer frente a la deuda. Sadim Inversiones recurrió ante la Audiencia, que estimó parcialmente su petición al descartar su culpabilidad en las irregularidades contables, pero no en otras causas que determinaron el concurso como fraudulento. De ahí que sólo le exigiese el abono de 420.774 euros de los impagos tras la liquidación de Diasa, como también ha ratificado el Tribunal Supremo.
Todos estos hechos tuvieron lugar con Juan Ramón García Secades al frente de la hullera. De hecho, la farmacéutica entró en concurso de acreedores e octubre de 2009, terminando el proceso de liquidación en febrero de 2011.
La entrada de la actual presidenta, María Teresa Mallada, en 2012, supuso un cambio de rumbo en la filial de diversificación, tal y como aseguraron ayer fuentes de la empresa estatal, quienes destacaron que, desde entonces, "se buscó un control más efectivo del capital, optando por otras fórmulas de participación". Sadim Inversiones ha abandonado desde 2012 una docena de consejos de administración en empresas, con lo que ya no forma parte de ninguno de ellos. La nueva fórmula son los créditos participativos, que inhiben la responsabilidad en la gestión. Por ello, desde Sadim Inversiones consideraban ayer que ya habían cumplido el mandato judicial de su inhabilitación antes de que la sentencia se haya hecho firme.
Contabilidad
El Juzgado de lo Mercantil ya destacaba "irregularidades relevantes en la contabilidad, salida fraudulenta de capital del patrimonio, inexactitud grave en la documentación, simulación de situación patrimonial ficticia, retraso en la solicitud de presentación del concurso y falta de depósito de cuentas". Además de una "administración negligente", el juez de lo Mercantil apreció "una preeminente voluntad de obtener subvenciones y ayudas públicas" mediante "la contratación de personal innecesario" y declarando el pago de "sobreprecios" por una maquinaria que era de segunda y hasta de tercera mano, y cuyo valor en el mercado en algunos casos era más de un 1.000% menor. A pesar de ello, Sadim argumentó en su recurso que "no le puede ser imputada la conducta consistente en las irregularidades contables" y enumeró sus acciones, como requerimientos o la ausencia de su voto favorable para la aprobación de las cuentas anuales.
