Europa está en tránsito hacia un modelo energético que hace pocos años (por ejemplo, cuando Greenpeace lo planteó en 2010) era considerado por muchos profesionales del sector como una ensoñación ecologista técnica y económicamente inviable: tener en el horizonte de 2050 una dieta eléctrica formada exclusivamente por fuentes renovables (hidráulica, solar, eólica...). Es uno de los caminos que marca la UE para lograr en ese plazo el objetivo primordial de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2, gas causante el cambio climático) entre un 80% y un 90% respecto al nivel que registraban en 1990. Tal es el contexto en el que Iberdrola ha anunciado el cercano cierre de la térmica de Lada, primer y muy potente aviso de las trascendentales consecuencias que la llamada "descarbonización" de Europa va a tener en Asturias.
Sin térmicas. La mutación hacía una economía baja en emisiones de CO2 a la que se ha comprometido la UE a raíz de la Cumbre del Clima de París (2015) empuja a Asturias a encadenar la última fase de la reconversión-liquidación de su sector minero (las minas no rentables están llamadas a cerrar a fines de 2018, entre ellas las que quedan abiertas de Hunosa) con el presumible inicio del desmantelamiento del parque de térmicas de generación de electricidad con carbón. La opinión técnica dominante sitúa el final de esas instalaciones en 2030 a más tardar, pero podría adelantarse por decisiones políticas o empresariales. Como la que ya ha tomado Iberdrola sobre Lada y la que, temen los sindicatos, tomará a corto plazo (antes de 2020) también Gas Natural-Fenosa con su central de Soto de la Barca (Tineo), salvo que in extremis aborde costosas inversiones para minimizar las emisiones de óxidos nitrosos (NOx, responsable de la "lluvia ácida"). EDP sí ha realizado tales inversiones en las térmicas de Soto de Ribera y Aboño, de manera que, sobre el papel, ambas instalaciones están en disposición técnica de funcionar hasta 2030. Más allá es muy improbable que lo puedan hacer, han reconocido directivos del grupo energético portugués, hegemónico en la generación de electricidad en Asturias.
La región se asoma por tanto al ocaso de sus grandes térmicas de carbón, a que desaparezcan durante la próxima década las instalaciones que aportan más del 75% de la producción eléctrica asturiana y cuyo funcionamiento supone el tercer mayor negocio industrial de la comunidad (700 millones de facturación anual, por detrás del metal y las fábricas agroalimentarias). Es también el pilar que sujeta de manera directa el 5% del producto interior bruto (PIB) que aporta la energía en Asturias y miles de empleos entre los directos y los pertenecientes a compañías auxiliares, de suministros y de transporte, y también los de la minería, en la medida en que la continuidad de lo que queda de este último sector depende, además de las prescripciones de Bruselas, de que haya en el futuro centrales donde quemar las producciones de carbón asturiano.
Sin energía. La "descarbonización" que viene mutilará el ahora potente negocio eléctrico asturiano. Y para la región será muy difícil sustituir por otra nueva la capacidad de generación que se liquide con las térmicas (2.073 megavatios de potencia instalada ahora). España y Europa en su conjunto protagonizarán en los próximos años, si se mantienen los objetivos actuales, un despliegue masivo de tecnologías renovables, principalmente eólica y solar. Asturias es una de las regiones con menor recurso para la instalación de plantas fotovoltaicas y termosolares a gran escala, y la posibilidad de nuevos desarrollos hidroeléctricos es mínima por el impacto ambiental. Son mayores las opciones de aumentar la potencia eólica (actualmente de 518 megavatios), aunque la comunidad tampoco está entre las más rentables para los molinos de viento.
Es verosímil por tanto que, con la senda energética que se vislumbra para los próximos lustros, Asturias pase de ser una región excedentaria en electricidad (ha llegado a "exportar" al resto de España más del 40% de la producción anual) a depender de la generación de otras. Es un asunto de gran relevancia. La abundancia de energía eléctrica es un factor estratégico de localización industrial y una de las razones que explica la implantación y consolidación en Asturias de actividades muy intensivas en el consumo de kilovatios, como las de Arcelor, Azsa y Alcoa. Especialización fabril que convierte a la región en la de mayor gasto eléctrico por habitante. Con la capacidad de generación jibarizada por la liquidación de las térmicas, la garantía de suministro se resentiría, y la instalación de nuevos corredores de alta tensión (grandes líneas de 400 kilovoltios), como los proyectos que tanta controversia han generado en las últimas décadas (Sama-Velilla, sobre todo) sería inaplazable, no ya para exportar los excedentes del sector eléctrico regional como se demandaba hasta ahora, sino para que hogares y empresas se abastezcan con los de otras autonomías.
La transición. El desafío de la "descarbonización" es por tanto mayúsculo para Asturias, como lo es para Europa y para España, y de su velocidad y de las políticas que lo acompañen dependerán los impactos económicos y sociales. El Gobierno asturiano lo ve así, como ha expresado el consejero de Industria, Isaac Pola: "Prescindir de forma prematura de algunas de las fuentes de generación energética tradicionales podría poner en serio riesgo no sólo la garantía y calidad de suministro sino también la propia eficiencia del proceso de transición energética en su conjunto; se propugna así una transición ordenada y sin desequilibrios entre las perspectivas técnica, económica y ambiental".
La transición ordenada de la que habla Pola debe ser guiada en España por una ley que el Gobierno tiene en elaboración siguiendo indicaciones de la UE. No hay detalles de su contenido pero sí estudios que dan pistas. Uno de la consultora Deloitte hace reflexiones que suscitan un alto grado de consenso entre los profesionales del sector eléctrico. Una de sus recomendaciones medulares consiste en que, por razones de seguridad y de riesgo de escalada en el precio de la luz, no se precipite la liquidación de las centrales convencionales (térmicas de carbón, ciclos combinados de gas y centrales nucleares), que hasta 2030 y en algún caso más allá deben conservar su papel de respaldo (potencia firme). Respaldo para cubrir las lagunas de las energías renovables (cuando falta viento, sol o agua) y en tanto no se desarrollen las nuevas tecnologías de almacenamiento (en fase experimental) y las infraestructuras y procedimientos de gestión que a más largo plazo (2050) deben hacer viable un sistema "verde al 100%", "descarbonizado".
