El Principado "no ha escatimado en esfuerzos ni retirado ni un solo euro" a las políticas sociales en Mieres: "ni en ningún otro municipio de Asturias". Así de tajante respondió ayer la Consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, a las declaraciones del gobierno local (IU) después de que se hiciera público un estudio de RegioLab que refleja que el municipio tiene una tasa de exclusión social del 38 por ciento de los habitantes.

En concreto, los responsables municipales habían asegurado que se retiraron cuatro de cada diez euros del Plan Concertado desde 2011. Extremo que Pilar Varela no niega, pero puntualiza que esa financiación llega a través de otras herramientas: una encomienda de gestión para ayuda a domicilio y teleasistencia y el convenio para la ayuda de menores en riesgo de pobreza. En 2017, el montante total fue de 1.858.327 euros frente a los 1,7 millones de 2011, afirmó la Consejera.

"No hemos escatimado en políticas sociales ni en ayudar a los que peor lo están pasando", destacó ayer Varela. La Consejera explicó que, antes de 2011, todas las ayudas sociales "se acordaban a través del Plan Concertado". Desde ese año, añadió la responsable regional, los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio para personas no dependientes pasaron a tramitarse a través de una encomienda de gestión. "Pero no se redujo nada", insistió. Así se destinaron, en 2017, 531.000 euros a la ayuda a domicilio y otros 8.372 euros a la teleasistencia -a los que hay que sumar los servicios para personas reconocidas como dependientes, sí incluidos en el Plan Concertado-. La Consejería de Servicios y Derechos Sociales también "mantiene su esfuerzo" en el Salario Social Básico. Actualmente, son beneficiarias de esta ayuda 912 familias de Mieres. Supone, siempre según los datos facilitados ayer por la Consejería, una inversión de 5,4 millones de euros. A los que hay que sumar 167.300 euros que se destinaron en 2017 a las familias con menores en riesgo de pobreza. La Consejera llamó la atención sobre la vivienda, otra herramienta para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Actualmente, hay 807 viviendas públicas en el concejo.

Estas explicaciones llegan tras las quejas del gobierno local (IU) por los poco esperanzadores resultados de un estudio del Observatorio Regional. En concreto, apunta a que el municipio registra un balance similar al sur de España: el rango de riesgo de exclusión y pobreza afecta hasta el 38 por ciento de la población. La Administración local considera que "tienen que saltar las alarmas ya" y pone dos reclamaciones sobre la mesa: más inversión y políticas para promover el empleo.