El informe de don Julio Puyol

El 16 de noviembre de 1906 llegaba al Instituto de Reformas Sociales una instancia del Centro Obrero de Mieres "La Unión Social" denunciando el acoso de que eran objeto sus socios desde el fracaso de la "Huelgona", que se había registrado en la Fábrica unos meses antes, circunstancia que sufrían a la vez los obreros acusados de simpatizar o relacionarse mínimamente con el socialismo.

El Instituto de Reformas Sociales fue un organismo autónomo, en cierto modo modélico, con vigencia en España desde 1903 hasta 1924, cuando la Dictadura de Primo Rivera anuló sus funciones. Se encargaba de preparar leyes y decretos para mejorar las condiciones laborales y a la vez elaboró estadísticas, editó textos laborales y fue un lugar de encuentro entre los representantes de la patronal y los obreros, y tal vez el único lugar común respetado por todas las tendencias políticas y sindicales de la época, con la excepción de los anarquistas.

Por su parte, "La Unión Social" acusaba a la dirección de Fábrica de Mieres de perseguir no solo a quienes se habían destacado en la famosa huelga, sino también a los simples lectores de prensa obrera y a quienes se acercaban hasta el edificio que el Centro Obrero tenía en El Polear, que estaba permanentemente vigilado con objeto de identificar a los simpatizantes que entraban en el local, los cuales, una vez denunciados a la empresa, eran despedidos inmediatamente.

La denuncia fue transmitida inmediatamente por la Junta Provincial de Reformas Sociales de Oviedo al Gobernador Civil, y éste a su vez remitió una comunicación a la Alcaldía de Mieres desde donde se manifestó sorpresa por el asunto, ya que según ellos las quejas se habían promovido sin ningún fundamento; aunque para aclarar la cuestión se autorizó al presidente del instituto para que encargase la elaboración de un informe a la persona que juzgase oportuno.

El presidente, que era en aquel momento don Gumersindo de Azcárate, envió hasta Mieres para entrevistarse con representantes de las partes implicadas a don Julio Puyol, un político y escritor de prestigio, autor del primer comentario a la Ley sobre los accidentes del trabajo del 30 de enero de 1900, que acababa de ser nombrado miembro correspondiente de la Sociedad Hispánica de América y años más tarde iba a ocupar un alto cargo en el Ministerio del Trabajo republicano.

Con él hablaron los días 28, 29 y 30 de enero de 1907 entre otros Juan González y Elías Rodríguez, respectivamente presidente y secretario de "La Unión Social", y también otra veintena de obreros; sin embargo el director de la Fábrica delegó su función en Eugenio Cueto, uno de sus ingenieros. En paralelo, don Julio pudo conocer las versiones del dirigente socialista Manuel Vigil, los catedráticos Aniceto Sela y Rafael Altamira, el concejal Sergio Díaz Sampil y el inspector de Trabajo Carlos Guinovart. Finalmente las conclusiones se publicaron en un folleto, que ustedes pueden leer en Internet, pero cuyos originales son difíciles de encontrar, por lo que agradezco a mi amigo el bibliófilo Ángel Alfonso Rodríguez que me haya dejado consultar su ejemplar.

Acompañando al propio informe, en sus páginas aparecieron también otros datos que nos interesa reseñar. Así, conocemos que la población obrera de Mieres se componía entonces mayoritariamente de asturianos, seguidos por leoneses, castellanos y gallegos. Los castellanos y leoneses acostumbraban a llevar consigo la familia, y, por tanto, se establecían en la villa; por ello no existían posaderos de profesión, pues las necesidades de alojamiento de los obreros solteros se satisfacían con las seis u ocho casas que la Fábrica tenía en los puntos principales de explotación, y con las posadas particulares.

También se dice que en aquellos momentos el propietario de la Fábrica don Ernesto Guilhou vivía ordinariamente en París y dejaba las riendas del negocio en manos de don Alejandro Van Straalen; y que antes de la huelga había 1.500 trabajadores empleados en la propia Fábrica y otros 2.200 mineros repartidos entre Baltasara, Mariana, Nicolasa y Corujas, una plantilla que tras el conflicto se redujo en 870 puestos. Además, el documento especifica detalladamente cada jornal y las horas de trabajo reglamentadas, y explica los motivos de la crisis que estaba afectando a la empresa mierense, en la misma línea que padecía entonces toda la siderurgia europea.

Después viene un interesante capítulo sobre la huelga convocada en 1905 contra el anuncio de una rebaja del 10 por ciento en los salarios, que apenas duró seis días y, a continuación, los detalles de la de 1906, aportando la noticia de que el partido socialista se había opuesto a la misma considerando que la primera interesada en que estallase era la propia Fábrica. Incluso Manuel Vigil publicó un artículo que fue repartido entre los obreros retrasando el conflicto una semana, hasta que el 7 de febrero se inició en Baltasara, secundado al día siguiente por el taller de pudelado y herrería, el 9 por los de construcción, tejería y albañilería y así poco a poco se llegó al paro total el día 15, que se prolongó hasta el 6 de abril.

Según el informe, los socialistas, que se habían visto obligados a seguir la huelga contra su voluntad para no ser acusados de traidores, vieron como al final sus previsiones fueron acertadas, ya que los obreros perdieron claramente esta partida. Hubo despidos masivos y para hacer las nuevas admisiones, la empresa organizó el "gabinete negro" que decidía a partir de una relación elaborada por los capataces, vigilantes y listeros de cada grupo, de la que también poseía copia la Guardia Civil. En ella figuraban los nombres de quienes solían acudir al Centro Obrero y también los obreros que se habían destacado durante la huelga, señalando a los más conspicuos con una cruz roja, pero esta lista aumentaba cada día con otras acusaciones que impedían el reingreso de gran número de buenos trabajadores.

Por ejemplo, cuando Manuel Ríos, que nunca se había significado en nada, extrañándose de no ser admitido, preguntó la razón, dos capataces le contestaron que se tenía noticia de que una hija suya había cantado dos o tres veces en las veladas musicales que se daban en el Centro Obrero, lo que justificaba su despido.

Según el presidente de "La Unión Social", más del 95 por cien de los obreros despedidos pertenecían a esta sociedad y la vigilancia ejercida por la Fábrica había llevado a la crisis a la institución. El control llegaba al extremo de que todo el pueblo de Mieres conocía la formación de una brigada para la vigilancia continua de la casa del Centro Obrero. Después de oscurecer, guardas jurados y empleados de confianza se apostaban en el puente por el que se accedía hasta el local anotando los nombres de quienes pasaban.

Y en el mismo sentido, don Aniceto Sela comunicó que ese año no había sido posible impartir allí las lecciones dominicales de extensión universitaria que otros cursos se celebraban con aforo completo, teniendo que buscar otras salas que inspiraban menos desconfianza a la empresa.

La consecuencia fue que de los 800 socios con que contaba "La Unión Social" antes de la huelgona, se había pasado a menos de 100 y de ellos solo cotizaban 50, ninguno perteneciente a la Fábrica y, además, en aquel momento la represión se estaba extendiendo hasta el Círculo Republicano de Mieres, a cuyos socios se les había aconsejado de forma explícita darse de baja.

En cuanto a la prensa, en tiempos normales llegaban a Mieres casi todos los periódicos socialistas de España, especialmente, La Lucha de Clases, El Mundo Obrero, Adelante, La Voz del Pueblo, La Guerra Social, La Vanguardia, El Obrero Balear, El Socialista, La Aurora Social y otros, pero ya solo se recibían estos dos últimos y en pequeño número, ya que su difusión e incluso la lectura estaban prohibidos.

Según los testimonios recogidos por don Julio Puyol, la censura llegó al punto de que, en la mina Baltasara se había despedido a tres obreros, llamados Nicolás, Fructuoso y Aurelio, por haberles visto leer durante las horas de descanso un número de El Socialista, y aún más escandaloso fue lo sucedido en Mariana, donde otro minero había perdido el trabajo porque su mujer tuvo la poca precaución de llevarle el pan del almuerzo envuelto en un número de La Aurora Social y fue denunciado por el capataz.

De la misma forma, el informe alertaba de que la represión estaba alcanzando a las tabernas y comercios regidos por simpatizantes socialistas, que también estaban perdiendo su clientela, y a las posadas particulares. Pero para sorpresa de todos, una vez examinado, el Instituto de Reformas Sociales concluyó que la actitud de Fábrica de Mieres podía considerarse incorrecta, pero no procedía denunciarla ante los tribunales de justicia. Ahora sabemos que esta fue una decisión equivocada.