La sede del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras (IRMC) será el escenario de la primera partida entre el Gobierno de España y los sindicatos mineros para dilucidar el futuro del sector del carbón en España. Las cartas comenzarán a descubrirse el lunes, en una reunión en la que se debe empezar a dibujar un porvenir que pinta negro. Entre las principales reclamaciones de UGT y CC OO está la continuidad de la actividad en las minas de carbón asturianas, que de momento están abocadas al cierre a finales de este año.

A la mesa se sentarán por parte de UGT tanto el responsable estatal de minería, Víctor Fernández, como el secretario general del SOMA, José Luis Alperi. Su idea es la de comenzar a negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez la firma de un nuevo plan del carbón hasta 2027. Entienden que debe incluir, inexorablemente, la extracción de mineral. Los dos representantes de UGT llevan el maletín cargado de demandas. Por una parte, plantearán "una participación suficiente del carbón autóctono en el mix de generación eléctrica, por ser necesario tanto como energía de respaldo como para garantizar la seguridad de suministro y la estabilización de los precios". Participación que iría de la mano del "desarrollo de las fuentes de energías renovables". Además, también exigen la declaración del carbón como reserva estratégica, algo que permitiría solicitar a la Comisión Europea "que apruebe un mecanismo de capacidad para garantizar la seguridad de suministro". Además, demandan que se mantenga una producción de carbón autóctono y que se asegure su uso en las centrales térmicas de generación eléctrica.

Fernández y Alperi exigen que se retomen las negociaciones para un nuevo plan del carbón que se habían iniciado con el PP en el Ejecutivo. Bajo el epígrafe de "Acuerdo marco para la transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras de España 2019-2027", pretenden que asegure la continuidad de las explotaciones mineras más allá del 2018 y similar en los términos de los anteriores. La hoja de ruta también incluiría un mecanismo que permita "la mejora medioambiental y la desnitrificación de las emisiones en instalaciones de producción de electricidad con carbón autóctono tal como el céntimo verde o similar". Además, reclaman un pacto de Estado por la Energía "en el que se defina el mix energético para los próximos años con presencia del carbón autóctono". En materia social, "reclaman el fomento del desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo y el apoyo a la creación de infraestructuras, sin olvidar la formación".

A la reunión también acudirán responsables de CC OO de Industria. Serán Jesús Crespo, secretario general a nivel estatal, y Jaime Caliero, responsable de Minería en Asturias, los que entren a debatir con los responsables del Ministerio. Desde el sindicato entienden que "el Gobierno del PSOE tiene la oportunidad de recuperar el tiempo perdido durante los últimos años y poner encima de la mesa medidas que permitan cumplir los compromisos que se reflejan en el actual marco para la minería del carbón 2013-2018".

La central acudirá el lunes a la reunión con una prioridad: "buscar fórmulas que permitan, en el corto plazo, la entrada de carbón autóctono en las térmicas". El objetivo, apuntan "es aliviar la insostenible situación que padecen, con especial crudeza, los trabajadores y trabajadoras de la minería privada".

En esa línea, para CC OO de Industria "deben primar las necesidades como país, en beneficio de la ciudadanía, de las personas trabajadoras y de la industria, por encima de otros intereses. Mientras esto ocurre, aclara el sindicato, "se debe planificar una transición energética justa, en la que se planteen medidas clarificadoras que garanticen un futuro estable, tanto a los trabajadores y trabajadoras, como a los territorios afectados".

Los representantes de CC OO indicaron que el carbón, "especialmente el autóctono", juega un papel primordial como energía de respaldo y elemento regulador de los costes eléctricos. Y como el SOMA, ven prioritario "elaborar un marco regulatorio para el sector que incida tanto en las medidas a tomar en el ámbito del Estado español, como en las que emanan del marco de la Unión Europea". Son tareas que, según CC OO, que requieren de forma inmediata una puesta en marcha y un desarrollo cierto.