El Ayuntamiento de Mieres no está dispuesto a asumir de su propio bolsillo la adecuación de las naves abandonadas en el polígono de La Cuadriella. Por ello, el gobierno local de IU ha advertido a varias entidades bancarias, que figuran como propietarias de los inmuebles ubicados en el área industrial de que o toman medidas para rehabilitar y adecentar el espacio, o se actuará de oficio y se adoptarán sanciones.
El gobierno local mostró su "preocupación" ante "la actitud que están protagonizando los bancos que tienen la propiedad de los edificios de La Cuadriella. Las fuentes municipales manifestaron que "hace ya algunos meses que se les notificó que se habían producido desprendimientos en la vía pública en algunos edificios". Esta situación obligó al consistorio a ocupar parte de la vía pública como deidad de seguridad, lo que está generando molestias a los vecinos. "En vez de asumir su responsabilidad como propietarios, los bancos están mareando la perdiz", afirman desde IU.
Por ello, la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible, dirigida por Delia Campomanes, ha lanzado un ultimátum: "todos somos iguales ante la ley y los bancos tienen también que cumplir las normas, como el resto de ciudadanos y empresas". De esta forma, prosiguió "si no asumen sus responsabilidades, el gobierno de Mieres actuará de oficio y adoptaremos las sanciones correspondientes".
No es este el único expediente que ha puesto en marcha la Concejalía de Urbanismo. Y es que el departamento dirigido por Campomanes ya ha solicitado permiso al juez para iniciar los derribos de tres edificios en ruina en el concejo de Mieres.
Según explicaron desde el Ayuntamiento, "ya advertimos de que no iba a haber una dejación de funciones, y que íbamos a demoler los edificios en ruina". De hecho, en los presupuestos municipales de 2018 se ha reservado una partida de 200.000 euros para estas actuaciones. "No vamos a mirar a otro lado ante la irresponsabilidad de los propietarios de edificios porque no podemos permitir que se ponga en peligro ni la seguridad ni la salud pública", señalaron desde el Ayuntamiento.
Según detallaron las fuentes, ya se han pedido permiso en el juzgado para entrar en tres propiedades privadas en estado de ruina en las localidades de Vegadotos, La Felguera y El Carrillón, para poder llevar a cabo el derribo de los edificios. Los trabajos tienen un presupuesto de 50.000 euros. El gobierno local explicó que "nuestra voluntad es alcanzar acuerdos con los propietarios y garantizar que cumplan sus obligaciones, pero por desgracia en unos casos no hay voluntad y en otros, al haberse producido una sucesión mortis causa, no se localizan a los herederos". El Ayuntamiento señala que en esto casos el procedimiento es claro: "se producen los requerimientos que fija la ley, y si no hay éxito, el Ayuntamiento solicita autorización judicial para poder realizar la ejecución sustitutoria y, a continuación, se le reclaman los costes a la propiedad". Por último, las fuentes municipales recordaron que "una de las principales obligaciones que tienen los propietarios de edificios es mantenerlos en buen estado".
Plan de derribos
El año pasado, ya se realizaron varios derribos dentro de este plan contra las ruinas que costaron al Ayuntamiento 70.000 euros. Se trató de actuaciones realizadas en Rioturbio, Oñón y Requejo, además de otras dos en la localidad de La Rebollá, y otra en La Rebaladana, junto al pozo Santa Bárbara, declarado como Bien de Interés Cultural.
El Ayuntamiento de Mieres explicó que se hace una inspección continua a los edificios e inmuebles en ruina o susceptibles de serlo, y subrayaron que los propietarios "son responsables de mantener los inmuebles en buen estado". Además, desde el gobierno local dejaron claros los criterios para derribar un inmueble: "La prioridad que se marca el Ayuntamiento a la hora de decidir qué inmuebles derriba por ejecución sustitutoria es clara: peligrosidad, salubridad y por último el ornato".
