Con rotundidad. La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU), ve en el caso de la licencia para la ampliación de Asturiana de Laminados (Asla) una "batalla política". Una guerra que, a su juicio, debería de terminar ya porque "podría desencadenar en el derribo de naves que ya llevan años funcionando". Una medida que supondría un duro golpe para el tejido industrial del concejo y que destruiría cientos de puestos de trabajo. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado (CUOTA) ha pedido ahora, casi un año después de su aprobación, que se retire la licencia de obra a la ampliación de Asturiana de Laminados -que supone la creación de más de cien puestos de trabajo directo-. Los técnicos del Ayuntamiento estudian ya las alegaciones de la CUOTA, mientras que la respuesta de la dirección de Asla no es templada: "Recurriremos a la vía judicial, si se paraliza la ampliación".
Para comprender la polémica surgida ahora en el polígono de Villallana hay que retroceder en el tiempo más de una década. Concretamente, al último mandato socialista en el concejo. Fue con la Corporación encabezada por Hugo Morán cuando se dio el visto bueno a la construcción de dos naves, la de Asla y la de Rioglass, en el polígono sin urbanizar. "En las dos primeras fases de desarrollo del polígono hubo unanimidad en el Pleno. Queríamos todos el empleo y votamos a favor", señaló ayer la dirigente local.
Desacuerdos
En esta tercera fase, la de la ampliación de ASLA (empresa puntera a nivel mundial en la producción de bovinas de cinc), el PSOE no apoyó la licencia de obra. Sí lo hicieron, y ofrecieron explicaciones públicas, tanto Izquierda Unida como el PP y Compromisu por Lena. Después surgió una denuncia anónima ante la Fiscalía, por la que el Juzgado de Primera Instancia de Pola de Lena ha abierto diligencias. Son estas diligencias las que han espoleado la respuesta de la CUOTA que, no obstante, llega meses después del Pleno en el que se otorgó la licencia.
Hay una realidad incontestable. En ella se basa un informe de la secretaria del Ayuntamiento y también la denuncia ante la Fiscalía: que el polígono no está urbanizado. Y es que ese plan quedó en el aire, tras años de retrasos y los recortes en los fondos mineros. "El informe de la secretaria únicamente pone esa realidad en relieve, sin embargo, el informe del arquitecto es totalmente a favor de la ampliación", destacó Gema Álvarez. Amparado, una vez más, en otra certeza absoluta: si fue posible poner en marcha dos empresas cuando no había ni un solo terreno urbanizado, ahora la situación del polígono es mejor (tras años de trámites municipales) y no debería haber ninguna irregularidad en la citada ampliación.
La CUOTA hace referencia en su escrito contra la ampliación de Asla a las naves que ya están construidas en el polígono. Destaca que "se construyeron sin licencia dentro del ámbito parcial" aprobado en 2008. Si bien es cierto que hay un nuevo documento tramitándose, apunta a que todavía no se ha aprobado y por tanto "la norma vigente es la de 2008". Aún sin adelantar las medidas que tomará el Ayuntamiento, Gema Álvarez dice que mantendrán su fórmula de siempre: "Apostar por el bienestar de nuestros vecinos. Y, para eso, sólo hay una receta: empleo, empleo y empleo", afirmó la dirigente local.
En Asla, velan armas. Desde la dirección aseguraron ayer que "es evidente que se recurrirá a la última vía, que sería la judicial, si se paraliza la ampliación". "Nos jugamos en ello millones de euros, además de la creación de riqueza y empleo", apuntó Macario Fernández, presidente de Asla. Los responsables de la compañía también ven, detrás de todas estas desavenencias, una quimera política: "Si algún político consigue lo que persigue, que es la destrucción de Asla, para eso está el poder judicial. Entre otras muchas cosas, restituir al que han dilapidado económicamente, profesionalmente y moralmente", clamaron. Otra vez, con rotundidad.
