Los vecinos del valle de San Juan quieren que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que aunque suene extraño lleva en revisión desde 2011, se adapte a las necesidades reales del concejo, con una nueva calificación menos restrictiva para las fincas y parcelas que hasta ahora estaban destinadas a tierras de cultivo o labranza. De esta manera, el movimiento asociativo aspira a que se puedan desarrollar proyectos dentro del ámbito turístico, como el que plantea para El Caleyu un inversor de origen británico y cuya ejecución lleva dos años bloqueada debido a trabas urbanísticas. Este centro de alojamiento de lujo, de hecho, no se podrá ejecutar tal y como plantean sus responsables debido a la calificación del monte escogido, que el Principado cataloga como zona forestal especial, que impide la construcción de cabañas de madera. El Ayuntamiento ya ha apuntado que deberá buscarse otra ubicación.

La Coordinadora Vecinal "L'Agüeria San Xuan" advierte algo que ni el propio gobierno local discute: el actual PGOU está obsoleto. Apuntan que la actual clasificación del suelo enmarcado en el ámbito rural está dañando la dinamización de los territorios, agudizando de esta manera los problemas que tienen los pueblos para fijar población. Por ello piden medidas urgentes. Lo hacen además justo cuando, en teoría, la nueva planificación urbana ya está cerrada y lista para el inicio el trámite de aprobación. Las asociaciones sospechan que la nueva planificación mantendrá las trabas administrativas que, a su juicio, obstaculizan el desarrollo de la zona rural de Mieres.

Las asociaciones del valle de San Juan exigen que la revisión del PGOU recoja que las fincas cercanas a los pueblos o aldeas consideradas de uso agrícola dejen de estar catalogadas como suelo de especial protección o "especial foresta". La petición ha sido cursada oficialmente a través del Registro municipal. "La catalogación actual de las mencionadas fincas o parcelas choca frontalmente con los intereses y deseos de los residentes en los pueblos puesto que se encuentran con una traba legal a la hora de planificar nuevos métodos de explotación agraria o iniciativas como invernaderos", señalan los portavoces de la coordinadora asociativa local.

Los vecinos recalcan que la calificación de zonas de "especial protección" en lugares donde "siempre imperó la labranza y tierras de cultivo, impide la realización de otro tipo de actividades que podrían generar importantes beneficios socio-económicos para el concejo". El colectivo que preside Alberto Álvarez Menéndez defiende que los usos del suelo rural que puedan prever los futuros planes urbanísticos vengan determinados "por la utilización ordinaria o primaria del suelo rural (aprovechamiento de los recursos naturales: agrícola, ganadero, forestal, cinegético...), sin perjuicio de la posibilidad de usos y aprovechamiento extraordinarios o excepcionales, y de las previsiones específicas determinadas por el suelo rural protegido". Por ello demandan una nueva valoración de los espacios cercanos a los pueblos para que "nuevos proyectos encuentren la viabilidad de usos rurales como por ejemplo el turismo rural o espacios de ocio o entretenimiento; ambicionando fomentar y dinamizar la regeneración y asentamiento poblacional ".