La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó de “importantísimo” el acuerdo alcanzado con los sindicatos para garantizar una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027. Junto a la opinión de Ribera, tanto los sindicatos como el Principado valoraron que “era el mejor acuerdo posible”, mientras que entre los empresarios hubo cierto escepticismo, sobre todo por cómo se gestionaron los fondos mineros en el pasado.
Ribera indicó que, a pesar de que desde hace años se conocía que el final de 2018 era una fecha clave para el sector, “no se había trabajado” en organizar el proceso. “A tres meses vista del cierre no había un marco claro sobre cómo acompañar a los mineros y ofrecer en las comarcas con esa actividad alternativas viables”, dijo. Para la Ministra, “engañarse sobre el marco era mirar para otro lado”, ya que el principal perjudicado siempre “es el más vulnerable, el trabajador, que descubre que le han engañado”, subrayó.
También destacó que el acuerdo con los sindicatos permite la jubilación “en las mejores condiciones posibles” y, en lo que respecta a la formación profesional, “se cualifica para otras actividades energéticas e industriales, fuera de la minería”. Además, indicó que se ha creado un “contrato de transición justa para que en aquellas comarcas en las que hay una especial concentración de esta actividad se vayan generando iniciativas industriales que permitan dar viabilidad económica y la gente no tenga que salir”.
El preacuerdo firmado este martes entre los representantes sindicales y los del Ministerio para la Transición Ecológica, tras diez horas de reunión, recoge distintas soluciones para la totalidad de los trabajadores de las empresas mineras, excepción hecha de la estatal Hunosa, que negociará su propio plan con SEPI, titular de la empresa, que seguirá directrices similares a lo pactado este martes.
Aunque figura en el preacuerdo la flexibilidad de la devolución de ayudas por parte de las empresas para continuar con su actividad, el futuro de las térmicas que lo utilizan está también condicionado por las inversiones millonarias a las que están obligadas por ley en 2020, lo que apenas deja posibilidades de supervivencia a la turolense Samca, que podría devolver los siete millones de euros recibidos en ayudas. Sin embargo, la térmica que quema su producción en Andorra, no tiene previsto continuar su actividad más allá de 2020, cuando tendría que remodelar todas sus instalaciones a un coste demasiado alto para ser rentable. Podría alargar la vida de la explotación de carbón a cielo abierto de Ariño durante 2019, pero a partir de entonces, por su stock de combustible acumulado, no necesitaría más carbón hasta su cierre. En Asturias, las explotaciones de Cerredo en Degaña y Carbonar en Tineo podrían plantearse una situación similar, pero se encontrarían con demasiados condicionantes en contra.
Las caras de los representantes sindicales, cansadas, no expresaban satisfacción porque el preacuerdo, calificado de “razonable” por el veterano Víctor Fernández, curtido en mil negociaciones con el Ministerio desde los años 90, se centra en dejar en las mejores condiciones posibles a los mineros cuando abandonen su actividad y en reactivar las comarcas mineras, no en salvar el sector. Aunque el preacuerdo es calificado de positivo, todavía ha de concretarse de forma real. La proyección del coste de desarrollar del Plan de Transición Ecológica Justa y de Desarrollo Sostenible para las Comarcas Mineras, que concluirá en 2027, rondará de forma global los 1.250 millones de euros. Las directrices llegadas de la Unión Europea apenas dejaron margen de maniobra a los sindicatos.
El acuerdo definitivo, que se firmará el próximo día 24, articula la creación de una Comisión de Seguimiento que vele por su cumplimiento. “Lo más importante es que la reconversión sea lo más blanda posible”, señaló Fernández. Jesús Crespo, representante de CC OO, decía que “hemos firmado el mejor de los acuerdos posibles; con este preacuerdo le damos tranquilidad tanto a los trabajadores como a las comarcas siempre y cuando el gobierno mantenga la voluntad política que ha mostrado hoy”.
Por su parte, el Consejero de Industria del Principado, Isaac Pola, aseguró ayer que “se trata de un plan en la linea de los anteriores”. Pola resaltó el componente “fundamentalmente social” del acuerdo que calificó de “razonablemente satisfactorio”.
También habló el portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, quien recalcó que el acuerdo “permitirá el mantenimiento de empleo en las cuencas”. No obstante, Martínez añadió que el Ejecutivo asturiano” seguirá pendiente del plan de empresa específico que se negocie para Hunosa”, dada la incidencia de dicha compañía en Asturias.
