El problema con los terrenos de la antigua mina de Texeo, sobre los que se realizaron actuaciones con dinero público pese a estar contaminados, no es la única polémica en el concejo. La alcaldesa, Ana Díaz (IU), presentó ayer una demanda ante la Fiscalía por una presunta irregularidad en la regulación del canon de agua industrial. Según consta en la denuncia, en 2011 la Alcaldía (entonces del PSOE) recibió un anuncio del Principado para que actualizara las tasas. "Hizo caso omiso", según Díaz, y el nuevo gobierno tuvo que abordar las subidas y afrontar los atrasos.
"Nos enteramos cuando llegamos al gobierno, hemos estado estudiando este caso con nuestros abogados antes de iniciar los trámites ante la Fiscalía", afirmó Díaz. Según su versión, el gobierno anterior "no informó en ningún momento de que había esta orden del Principado. El cobro de los recibos dependía del Consistorio y, hasta la llegada de IU, se mantuvieron sin cambios".
Cuando Díaz llegó a la Alcaldía, descubrió esta presunta irregularidad. "Consulté a los abogados y me dijeron que, si seguía sin actualizar el canon, cometería una irregularidad", explicó. Las tasas se actualizaron, con el consiguiente asombro de los ciudadanos: "Tuvimos que convocar reuniones para explicar la situación, que se hacía muy difícil para algunos de nuestros vecinos".
El Principado, al actualizarse el canon, no tardó en tramitar los atrasos. "Desde 2015 se nos va metiendo ese dinero en concepto de atrasos", explicó Díaz.
