La reclamación para bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y otros impuestos se ha extendido por los pueblos de Mieres durante los últimos meses gracias al empeño de las asociaciones del valle de San Juan. Ahora, este movimiento se prepara para iniciar un contencioso contra el Ayuntamiento. Esa es la pretensión de los promotores de la iniciativa, que tiene a la plataforma "La Güeria San Juan también existe" como punta de lanza.

Asociaciones y vecinos de la zona rural del concejo están llamados este miércoles a participar, a partir de las seis de la tarde, en una asamblea ciudadana que se celebrará en la Casa de la Música de Mieres. Sobre la mesa se pondrá una propuesta concreta: iniciar un contencioso contra el Ayuntamiento para lograr un importante ajuste del IBI. "Lo que planteamos no es dejar de pagar el impuesto, sino hacerlo de acuerdo a un baremo justo", señalaron los portavoces de este frente ciudadano. Puntualizan que han llegado al punto actual tras chocar frontalmente con el gobierno local: "Se les han trasladado dos cartas y la única respuesta que hemos recibido es el silencio administrativo, por lo que nos empujan a iniciar un contencioso como una única vía para tramitar nuestra reclamación".

En uno de los citados escritos trasladados al Alcalde la coordinadora "La Agüeria San Xuan" plantea dos peticiones concretar. La primera es que el gobierno local promueva una deducción fiscal de hasta el 50 por ciento "para las personas emprendedoras y sociedades que se instalen en el medio rural del concejo". Además, este colectivo no cesa en su empeño de lograr lo que en la práctica casi sería que se dejara de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles en los pueblos. En concreto, reclaman la aplicación de una bonificación del 90 por ciento en el IBI rural.

La reclamación es firme. Las asociaciones esgrimen como justificante la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza que se equipare automáticamente el suelo de los núcleos rurales en Asturias a suelo urbanizado. El fallo se refiere a una parcela expropiada por la Zalia, pero hace una referencia a todos los núcleos rurales en Asturias, al considerar que muchos de ellos no cuentan con los servicios e infraestructuras requeridos para que sean considerados suelo urbano o asimilado.

De momento, el Ayuntamiento no contempla eximir a los vecinos del abono de este gravamen al patrimonio. El gobierno local sostiene que ni hay motivos ni el Consistorio está en condiciones de reducir sus ingresos. Los vecinos entienden su petición está justificada, ya que carecen de los servicios e infraestructuras de la zona urbana.