"Las zonas rurales necesitamos tener mejores servicios. Es algo imperioso, si no, esto se muere". Quien así habla es el alcalde de Caso, Miguel Fernández, que esta semana, junto con los regidores de Sobrescobio, Marcelino Martínez, y San Martín, Enrique Fernández, asistió en Sevilla a las jornadas "Sin Pueblos no hay futuro", una serie de actividades en las que confluyeron representantes de zonas rurales de toda España, todas ellas con problemáticas comunes: la progresiva despoblación y en muchos casos, la ausencia de unos servicios básicos de calidad.

Los tres alcaldes de la comarca del Nalón coincidieron con varios regidores más de Asturias en las jornadas, que organizó la Red de Desarrollo Rural de España. "Cada hora siete personas dejan de vivir en los pueblos del país", explicó Fernández, que apuntó que se trata de un dato que "tiene que llamarnos a reflexionar. Muchas zonas del país se están quedando vacías". El regidor casín puso como ejemplo de las dificultades que padecen los habitantes de los pueblos lo que ocurre en su concejo. "Tenemos cortes de luz constantes", y eso que entre Caso y Sobrescobio hay una central hidroeléctrica, "y pocas cosas más básicas hay que un suministro de electricidad seguro". Tampoco hay cobertura de móvil en todo el concejo. "De esta forma, con servicios básicos pobres, y que no dependen de nosotros, y sí de grandes empresas a las que no interesa hacer inversiones, es difícil que una persona que quiera trabajar desde casa, usando las nuevas tecnologías, pueda hacerlo", subrayó Fernández. Puso como ejemplo una de las cuestiones tratadas en las jornadas, el uso de las nuevas tecnologías en oficios tradicionales, como la ganadería. "Aquí no hay cobertura de móvil y a veces falla el suministro eléctrico. Como para poner un collar transmisor al rebaño de vacas para saber dónde están en cada momento. Debería poder hacerse, pero está muy lejos de que sea una realidad".

El alcalde casín critica algunas de las medidas que se tomaron en el pasado y que acabaron perjudicando esencialmente al medio rural. "Se privatizó la empresa estatal de comunicaciones, Telefónica, y ahora ninguna empresa quiere hacerse cargo de llegar a todos los pueblos, de prestar un servicio básico". Algo que se va a intentar cambiar con el plan que obligará a llevar la banda ancha, con al menos 30 megas de velocidad, a los municipios de 5.000 habitantes de toda España. Una contrapartida a la que las empresas concesionarias de los servicios de telefonía móvil 4G estaban obligadas desde 2011, pero que de momento no se les había obligado a hacer.

Los regidores también estarán atentos a la próxima negociación de la Política Agraria Común (PAC), "que pude tener mucho que decir para mantener el medio rural".