La ministra Teresa Ribera prepara la puntilla para Hunosa con su anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética. La redacción que consta en el borrador de trabajo obligaría a la empresa hullera pública a prescindir de cualquier relación con el carbón para seguir existiendo e imposibilitaría llevar a cabo los planes de continuidad de la explotación que ahora existen sobre la mesa. Como única salida, Hunosa debería dejar de tener capital del Estado y enfrentarse a una situación económica desfavorable.
El artículo 12, que se refiere a los subsidios y desinversiones combustibles fósiles, cercena prácticamente las posibilidades de actividad carbonera de Hunosa. En concreto, el borrador señala que, con la entrada en vigor de la ley, quedarán prohibidos los "nuevos subsidios u otros incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles". Además, en el plazo de un año, el Ministerio de Hacienda deberá realizar un informe sobre el régimen fiscal que se debe aplicar a los combustibles fósiles "identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su consumo". Es decir, se penalizará fiscalmente la actividad relacionada con el carbón, el petróleo o el gas.
Además, el segundo apartado del artículo establece que el sector público "no realizará nuevas inversiones, de manera directa o indirectamente a través de intermediarios, en participaciones o instrumentos financieros de cualquier clases, de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles". Este apartado excluye cualquier nueva inversión en Hunosa procedente de las arcas públicas.
Por último, el anteproyecto de ley señala que en dos años se elaborará un estudio con el fin de que la administración general del Estado y sus organismos o entidades se "desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas que desarrollen actividades" relacionadas con la explotación de combustibles fósiles como el carbón. Es decir, el Estado vendería sus participaciones en Hunosa si esta siguiera ligada al carbón.
La aprobación de esta ley haría muy cuesta arriba el futuro de Hunosa. La prohibición de incentivos afectaría, por ejemplo, a la central térmica de la Pereda, que compra carbón a Hunosa. Incluso, si adquiriese el combustible del extranjero. También podría verse afectado el lavadero Batán en el caso de que adquiriese carbón de importación.
Pero además, el futuro financiero de Hunosa se vería muy comprometido. La empresa hullera forma parte del sector público a través de la SEPI y recibe aportaciones de las arcas del Estado. Una vez que entrar en vigor la ley y finalizado el periodo transitorio de aplicación, la única vía para que Hunosa pudiera recibir ayudas, y de ese modo seguir existiendo, sería que dejara de extraer carbón y quitara de su objeto social dicha actividad, según varias fuentes consultadas.
