09 de diciembre de 2018
09.12.2018
La respuesta al incremento de la presión fiscal

El Alcalde pide al Catastro que verifique la subida del IBI que rechazan los pueblos

El gobierno de Mieres ve necesario revisar la valoración de 2014 para comprobar si hubo errores y remarca que la zona rural recibe servicios

09.12.2018 | 01:07
El pueblo de Paxío.

El gobierno de Mieres anunció ayer que el alcalde, Aníbal Vázquez, solicitará una reunión con la Gerencia Territorial del Catastro para abordar las quejas de los vecinos referentes al "desmedido e injusto" incremento de los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Los gestores municipales se muestran de esta forma por primera vez receptivos a las quejas que desde hace meses lanza, sobre todo, la zona rural del concejo. Y es que la Agrupación Vecinal de Mieres ha realizado un estudio en el que se estima que el actual proceso de revisión catastral concluirá en 2022 con subidas que, en muchos casos, conllevarán quintuplicar la cuantía de los recibos de la conocida popularmente como "contribución".

El aumento del recibo del IBI ha desencadenado una tormenta que en su momento el Ayuntamiento evitó cuando, en 2013, procedió a revisar al alta casi toda la tributación municipal. Entonces el consistorio estaba casi en bancarrota y el movimiento asociativo se mostró indulgente. El gobierno local hizo ayer su propia reflexión: " En Mieres no se han producido subidas de impuestos desde 2015, es más, la congelación fiscal ha sido la tónica general. Hemos trabajado para conseguir que las decisiones fiscales de Madrid perjudiquen lo menos posible a los vecinos del municipio. Y lo hemos hecho en un escenario claramente adverso, con un Ayuntamiento al borde de la quiebra y un ministro de Hacienda que exigía impuestazos, privatizaciones y despidos como única salida para evitar la bancarrota".

El equipo de Aníbal Vázquez asegura que se objetivo es "mantener los servicios públicos, evitar subidas de impuestos y apoyar a las familias con menos recursos con medidas como las bonificaciones fiscales, que suponen un ahorro de 1,2 millones al año a los vecinos, con ayudas específicas que supondrán hasta el 95% del IBI". En este punto, el movimiento asociativo, en bloque, difiere de la percepción municipal, alegando que la zona rural del concejo paga impuestos "desmedidos" a cambio de "servicio inexistentes".

El gobierno local quiso hacer ayer pedagogía: "Los cierres de la minería han provocado una crisis demográfica que se ha traducido en una pérdida muy importante de población y, sin embargo, eso no se ha traducido en menos servicios municipales. Conseguirlo no ha sido sencillo, porque hay menos ingresos pero los gastos aumentan. Hoy los núcleos rurales reciben los servicios básicos y pagan menos impuestos que en las zonas urbanas. La basura es un ejemplo. Es evidente que hay muchas cosas que mejorar y el trabajamos para conseguirlo, por eso hemos impulsado un proceso de modernización y reorganización de la administración local. El municipio necesita un Ayuntamiento más eficaz y eficiente". En este contexto, los gestores municipales de IU se muestra partidarios de analizar el informe de la Agrupación Vecinal de Mieres porque "si hay situaciones injustas es obligado solucionarlas". Así, los portavoces del gobierno local remarcaron ayer que "el Catastro tiene que analizar el documento que han elaborado los vecinos y, si hay errores, resolverlos". Lo que ayer no aclaró el gobierno local es si, como también pide la Agrupación Vecinal de Mieres, el Ayuntamiento estudiará aplicar bonificaciones vía ordenanza dentro de las franjas que autoriza la ley.

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