La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Mieres apela al juez para evitar el pago de 457.000 euros por el plan de empleo de 2014

El gobierno local confía en que, aun perdiendo el contencioso, el nuevo Presupuesto regional permita cubrir el coste del polémico programa laboral

María Pérez y Juan Ponte, ayer, en el Ayuntamiento. FERNANDO GEIJO

Un juez deberá decidir si el Ayuntamiento tiene que devolver al Principado la subvención de 457.000 euros correspondiente al plan de empleo del periodo 2014-2015. El gobierno local de IU, ante el requerimiento de la Administración regional ha decidido iniciar un contencioso-administrativo para sortear un pago que considera "injusto". Así lo confirmó ayer el concejal de Empleo, Juan Ponte: "El Ayuntamiento cumplió con la proporcionalidad del programa y sus bases y si hay otros 20 municipios en la misma situación y parece improbable que todos estemos equivocados", subrayó el edil mierense.

El Ayuntamiento ha optado por no atender la resolución del Principado planteando un último frente de defensa en los juzgados. Ahora bien, en el supuesto de que finalmente la justicia tampoco atendiera la justificación municipal, el gobierno local prevé que la subvención, al menos una gran parte de ella, pueda ser retenida. Y es que en el Presupuesto regional de 2019, que todo indica será aprobado hoy en la Junta del Principado, IU ha logrado incluir una enmienda que establece un fondo de garantía que cubriría el 93 por ciento del pago. Es decir, Juan Ponte explicó ayer que llegados al citado escenario, el Ayuntamiento devolvería el dinero al Principado para que la administración regional, a continuación, reintegrase nuevamente el grueso del dinero a las arcas municipales. Al margen de lo que acontezca en los próximos meses, la realidad actual para el Ayuntamiento de Mieres es que el Principado le reclama casi medio millón de euros por un plan de empleo que permitió dar trabajo durante un mes a 31 desempleados con sueldos que rozaban los 800 euros. En el caso concreto de Mieres, este fallo ya conllevó en su momento un importante desembolso económico al tener que indemnizar a los citados 31 trabajadores, que reclamaron por vía judicial su reincorporación al Ayuntamiento. De esta forma, el gobierno local de IU evitó que estos desempleados pasasen a engrosar la plantilla laboral del Consistorio, pero el coste económico fue alto.

Compartir el artículo

stats