31 de diciembre de 2018
31.12.2018

Mieres destina 200.000 euros y agilizará los trámites para derribar inmuebles en ruinas

El Ayuntamiento demolió de forma subsidiaria doce edificios desde 2016, los últimos en La Rebollá, El Carrilón y Vegadotos con un coste de 38.000 euros

31.12.2018 | 02:26
Trabajos de derribo de edificios en ruinas en el emblemático barrio de Requejo, en Mieres.

Por un lavado de cara más rápido para Mieres. El gobierno local está trabajando en una nueva fórmula para agilizar los derribos de edificios y casas en ruinas por ejecución sustitutoria (figura conocida también como ejecución subsidiaria). El área de Urbanismo -que dirige la concejala Delia Campomanes (IU)-, en colaboración con la Oficina Técnica, está elaborando unos pliegos que permitirán una única contratación para llevar a cabo todos los derribos en un plazo determinado de tiempo. Así evitarán las demoras que se producen por los trámites de las contrataciones individuales. Desde 2016, el Ayuntamiento ha acometido doce derribos de inmuebles de forma sustitutoria. Para seguir trabajando en la misma línea, en el Presupuesto aprobado el viernes, han reservado 200.000 euros.

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible, realiza inspecciones continuas a los inmuebles en ruina o susceptibles de serlo. Los técnicos valoran, principalmente, la peligrosidad y salubridad de los inmuebles. También el ornado. "La preocupación por el problema de las viviendas en ruinas es clara", aseguraron fuentes del gobierno local. De hecho, en 2018, aumentaron la partida destinada a los derribos sustitutorios hasta los 200.000 euros (el doble que en el anterior ejercicio). Es el total que se mantendrá para el próximo ejercicio.

La responsabilidad del correcto mantenimiento para los inmuebles es, en primera instancia, de los propietarios. Por eso, desde el gobierno local, "se pide que se tengan en cuenta los avisos previos que se hacen desde la inspección urbanística para evitar llegar a ser declarado en ruinas". Si no se atienden esos avisos, llegarán los requerimientos para su derribo. Y, si aún no hay respuesta, el Ayuntamiento pone en marcha una serie de trámites para acometer la actuación. "Se pide entonces una orden al juez para poder realizar la ejecución sustitutoria y, posteriormente, cumpliendo todos los requisitos y procedimientos legales, se reclama el dinero invertido en la actuación a la persona o personas propietarias, que son siempre responsables últimas del estado de sus propiedades", matizaron desde el gobierno central.

Los doce derribos de inmuebles acometidos desde 2016 se extendieron por todo el municipio. Los últimos, según fuentes del gobierno local, tuvieron lugar en El Carrilón y La Rebollá. Estas dos actuaciones supusieron una inversión de 30.000 euros. Hay que sumar otro derribo en Vegadotos, con 8.000 euros de presupuesto. En la mayoría de los casos de ejecuciones sustitutorias, el Ayuntamiento no logra localizar a los propietarios de los inmuebles porque son propiedad de varios herederos.

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