19 de enero de 2019
19.01.2019
La Nueva España

Nueve universidades públicas reclaman en Mieres más dinero para investigación

Los centros exigen en Barredo menos burocracia para contratar e impulsar proyectos de conocimiento que permitan "paliar el desánimo" empresarial

19.01.2019 | 02:24

Más financiación para abordar proyectos e investigar y menos trabas burocráticas para poder desarrollarlos con dinamismo y autonomía. Los académicos españoles sienten que la investigación nacional está maniatada y ayer dieron en el campus de Mieres varias claves para fortalecer el maltrecho sector de la investigación y el desarrollo. Las universidades reclaman mayor atención por parte de las administración públicas y un enfoque diferente: "La I+D+i debería de ser considerada inversión y no gasto, y no debería de estar sometida a la Ley General de Subvenciones. Los Presupuestos Generales del Estado deberían asegurar una financiación suficiente y estable que nos acercara progresivamente a la media de la Unión Europea".

Esta postura quedó ayer establecida en el marco de una reunión de la Sectorial de Investigación del denominado G-9, el grupo en el que se integran las universidades públicas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, País Vasco, Zaragoza, Navarra y la de Oviedo. El encuentro se celebró en Barredo con la presidencia del rector anfitrión, Santiago García Granda. "La situación de cierto desánimo que genera en Asturias la difícil situación de algunas empresas debería paliarse con nuevas inversiones y para ello es necesario apoyar a los grupo de investigación", apuntó el dirigente universitario. Más en concreto, subrayó la necesidad de prestar más atención a la I+D+i en territorios especialmente deprimidos, como son los valles mineros., "El despegue de las comarca mineras debería estar basado en el desarrollo del conocimiento".

Varias fueron las conclusiones que brotaron del encuentro universitario que albergó Barredo. Además de más inversión, la élite académica española reclamó que se rebaje el peso de la burocracia: "La carga que suponen las justificaciones de las subvenciones de proyectos I+D+i, especialmente del plan estatal, no sólo no ha descendido sino que sigue incrementándose. Ejemplos son los trámites asociados a la justificación de los costes indirectos y, como novedad, la justificación de las horas de dedicación en los contratados de investigación", apuntaron los vicerrectores de investigación de las nueve universidades públicas reunidas en Mieres.

El denominado Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por los centros que son la única universidad pública en su comunidad autónoma. Tras la reunión de la comisión en el campus de Mieres, su presidente, Santiago García Granda, dio cuenta de las conclusiones, entre las que se encuentra la "preocupación" por las consecuencias del desarrollo de la ley de contratos del sector público, que "ha ralentizado la actividad investigadora". Las universidades consideran "muy positiva la introducción" del sexenio de transferencia, pero indican que el "ingente número de solicitudes y una cierta falta de definición en los criterios" genera dificultades de gestión. Con esta iniciativa, se pretende promover dinámicas y políticas de incentivos en las universidades y centros de investigación, en el plano de la transferencia, la innovación y la difusión del conocimiento hacia todo tipo de actores sociales. Esta evaluación se puede aplicar a todas las áreas de conocimiento, puesto que en todas ellas se pueden llevar a cabo acciones de este tipo.

Nuevo rumbo

Las universidades están satisfechas con el rumbo que ha tomado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su titular, Pedro Duque, recibió ayer un voto confianza, pero salpicado de incertidumbre: "Nos gusta la nueva estructura del Ministerio, pero se nota que el Ministro tiene poca experiencia en gestión pública", explicó García Granda.

Las universidades del G-9 cuentan con 170.000 estudiantes, 19.340 miembros del personal docente e investigador y con 8.160 miembros del personal de administración y servicios. "La gestión universitaria requiere cambios legislativos profundos que tengan en cuenta la actividad singular que desarrollan las universidades", señalaron los integrantes del grupo.

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