La Causa General en Mieres

Seguramente el libro más macabro que tengo en mi biblioteca es "La dominación roja. Causa General" editado por el Ministerio de Justicia en diciembre de 1943. Lo encontré hace tiempo en una librería de viejo y quede impresionado por la dureza de sus fotografías entre las que abundan primeros planos de cadáveres. Aún hoy, cuando lo consulto procuro saltarme esas páginas.

"La dominación roja" fue prologado el ministro de la época, Eduardo Aunós Pérez, un catalanista de la Lliga Regionalista, quien primero fue secretario de Francesc Cambó, pasó después a ocupar la subsecretaría del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria en la dictadura de Primo de Rivera y a partir de 1937 militó en Falange Española de las JONS. De modo que no sé cómo tratarán su biografía los historiadores independentistas, aunque tampoco me preocupa.

Cuando el libro se publicó, la Causa General estaba en plena tramitación, ya que fue impulsada oficialmente el 26 de abril de 1940 y siguió cumplimentándose prácticamente hasta que en 1969 Francisco Franco firmó el decreto por el que prescribían todos los delitos cometidos antes de 1 de abril de 1939. Aunque la verdad es que ya funcionaba con otros nombres desde la caída del Frente Norte, en plena Guerra Civil.

Luego vinieron la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939; la Ley sobre la Represión de la Masonería y del Comunismo, de 1 de marzo de 1940, y un mes más tarde por fin la Causa General.

Hablamos de una exhaustiva investigación que llegó hasta las últimas aldeas de España con el objeto de que la Fiscalía del Tribunal Supremo instruyese "los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja"

Entre septiembre y octubre algunas provincias ya empezaron a mandar los primeros datos, pero en abril de 1941 todavía quedaban muchas por iniciar el proceso que inicialmente se dividió en once piezas. La 1º o Principal era genérica; la seguían nº 2 Alzamiento Nacional, sus antecedentes, Ejército rojo y liberación; nº 3 Cárceles y sacas; nº 4 Checas; nº 5 Justicia roja; nº 6 Prensa; nº 7 Actuación de las autoridades gubernativas locales; nº 8 Delitos contra la propiedad e informes de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria; nº 9 Banca; nº 10 Persecución religiosa; y nº 11 Tesoro artístico y cultura roja.

El primer paso consistió en publicar en los boletines oficiales provinciales y en los periódicos provinciales un llamamiento a los ciudadanos para que denunciasen todos aquellos hechos de los que habían sido testigos o simplemente tuviesen noticia, incluso en algunos casos, cuando se sospechaba que los vecinos se callaban alguna información, eran llamados a declarar.

En paralelo se investigó en todas las instancias que pudiesen aportar alguna pista sobre comportamientos desafectos al Régimen, desde la documentación de la Audiencia Provincial hasta la Iglesia católica pasando por las publicaciones de cariz republicano; también se buscaron en los Juzgados de Instrucción las causas incoadas en el período republicano, y se solicitó información sobre las requisas e incautaciones a las Cámaras de Comercio, Industria y Propiedad y a los bancos.

Pero la pieza clave para la Causa General fueron unos formularios divididos en tres Estados que tuvieron que presentar los alcaldes recogiendo todos los datos que les fuese posible conocer.

En el primer Estado se reunían los nombres de las personas que residiendo en el municipio hubiesen sido asesinadas por su condición derechista, apuntando su edad, profesión, filiación política y cargos públicos que hubiesen desempeñado; la fecha de la muerte o desaparición; y en el caso de que se hubiese encontrado su cadáver, en qué sitio y qué clase de heridas presentaba. También se hacía constar si su defunción estaba inscrita en el Registro Civil y los nombres, apellidos y paradero de las personas sospechosas de haber participado en su ejecución.

El segundo Estado se destinaba a los cadáveres recogidos en cada término municipal de personas que no residiesen en él y hubiesen fallecido por muerte violenta. Se consignaban unos datos parecidos a los que se pedían para los muertos afincados en el lugar: nombres, apellidos y domicilio si constaban; edad, profesión, filiación, cargos que hubiesen desempeñado y los datos de sus posibles asesinos. También la fecha del hallazgo y el lugar donde se había producido; qué clase de heridas presentaban, y de cualquier forma todas las señas y datos que pudiesen servir para la identificación.

Finalmente, en el tercer Estado debían relacionarse los "tormentos, torturas, saqueos, destrucciones de iglesias y objetos de culto, profanaciones y otros hechos delictivos que por sus circunstancias, la alarma o el terror que produjeron deban considerarse como graves con exclusión de los asesinatos que fueron cometidos en este término durante la dominación roja".

Gracias a mi amigo Dionisio Costales, hombre de mar y experto en historia militar, tengo ahora el informe que envió el alcalde de Mieres don José Domínguez el 15 de noviembre de 1940 con los datos de su ámbito territorial. Como no es posible consignar en esta página todos los apuntes, debemos conformarnos con un resumen. Entre los muertos vecinos del concejo figuran sesenta y tres identificados como derechistas, incluyendo a la única mujer de la lista: Etelvina Pérez Pérez de 60 años asesinada en San Esteban de Las Cruces; también cinco falangistas, uno de ellos el seminarista Luís Campomanes García.

Además, dos militantes de Acción Popular, el farmacéutico Vicente Gutiérrez Menéndez y el diputado Bernardo Aza y González-Escalada, quién según la reseña fue fusilado en Madrid el 21 de julio de 1936 en vez del 21 de agosto, como figura siempre en sus reseñas biográficas, y por último un guardia civil llamado Secundino Bretón Argüelles y otros dos ciudadanos apolíticos.

En cuanto a los eclesiásticos, junto al seminarista ya citado, aparecen los religiosos Ignacio Gorreño Gorozabel y Anselmo Vega Fernández, muertos en San Esteban de Las Cruces, y los sacerdotes Francisco Martínez Álvarez, en San Martín de Luiña; Ángel Herrero Cifuentes, en Collera (Ribadesella) y José Ramón Merediz Llanes, en San Román de Sariego. En toda la lista no se encuentra a nadie mayor de 60 años y el más joven es el estudiante José Fernández Sánchez de 15 años, cuyo cadáver no fue encontrado, pero del que se anotó el nombre de un implicado en el crimen, que en aquel momento ya había sido fusilado.

Con respecto al Estado 2 solo figura una persona de fuera del Concejo, lo que indica la flojedad de la información que se manejó para cumplimentar esta petición. Se trata de Adolfo Madera Peña, primo hermano del líder del Sindicato Católico; vecino de Moreda, minero, derechista y tesorero de Acción Católica, muerto el 14 de agosto de 1936 por Manuel (a) Trapero, quien se encontraba ya detenido en un Batallón de Trabajadores.

En cuanto a los saqueos, se contabilizaron 118 en Mieres, 36 en Turón, 10 en Valdecuna, 5 en La Peña, 4 en Santullano, 4 en Viade, 3 en Ujo, 3 en Vegadotos, 3 en Figaredo, 1 en la Rebollada y 1 en Ablaña. Unas cifras que nos llaman la atención porque mientras parecen lógicas para la capital del concejo y los pueblos grandes, no figura ninguna denuncia en Santa Cruz, las de Ujo son muy pocas y, al contrario, parecen demasiadas las presentadas en un lugar tan concreto como Viade.

Además se apuntaron la quema de imágenes religiosas en Turón y Ujo; incendios en las iglesias de Baiña, Gallegos y Valdecuna y en las capillas de Mieres, Rozadas de Bazuelo y Brañanoveles; junto a la destrucción de las parroquias de Santa Rosa y Seana y el deterioro de la de Loredo, dándose la circunstancia común de que estos hechos no se atribuyeron a ninguna persona concreta sino a las órdenes el Frente Popular.

Después, este documento se complementó con las declaraciones realizadas por los parientes o testigos de las muertes y de las propias víctimas de los saqueos y toda la información obtenida sirvió como eje central para fundamentar la acusación en aquellos juicios rapidísimos que sirvieron para mandar al paredón a miles de españoles sin ninguna opción para preparar su defensa.

Cuentan que en 1209 en Francia cuando se perseguía a los cátaros se mandó a las tropas papales entrar a saco y pasar a cuchillo a todos los hombres de la ciudad de Béziers y como alguien preguntó cómo podría distinguir a los cristianos verdaderos de los herejes, obtuvo esta respuesta: "Matadlos a todos, Dios ya reconocerá a los suyos". En España sucedió algo parecido cuando los vencedores llevaron hasta las últimas consecuencias la idea de que la Guerra Civil también era una Cruzada.