El pleno del Congreso avaló ayer el plan de la minería firmado el año pasado entre el Gobierno, sindicatos y patronal, y que suponía el fin de la minería del carbón no competitiva. Un respaldo, eso sí, que no estuvo exento de críticas, sobre todo a la falta de ejecución de los anteriores planes, o por dejar de lado, tal y como aseguraron algunos parlamentarios, a los trabajadores de las subcontratas. La abstención de PP y Unidos Podemos, además del PDeCat, con 212 votos, fue vital para que saliese adelante el decreto que sólo fue respaldado por PSOE, Ciudadanos, Esquerra Republicana y PNV, con 132 votos. También hubo cuatro votos negativos, entre los que se encontraba el de Foro Asturias. Asimismo, se aprobó -con 343 votos favorables, uno en contra y dos abstenciones- que el real decreto se convierta en ley, lo que obligará a su cumplimiento y en su tramitación urgente los grupos podrán incluir enmiendas.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que salió a defender el acuerdo minero, destacando que "sienta las bases para una transición justa de la minería del carbón, una transición de justicia social, sin dejar a nadie en el camino". También recalcó que la preocupación del Gobierno hasta ahora "se ha centrado en la ejecución de las ayudas del plan anterior, agilizar la concesión de subvenciones a empresas y los proyectos de infraestructuras para los ayuntamientos". Recordó que el nuevo plan destina 250 millones de euros para reactivación y apoyo a la implantación de empresas y aludió a un "plan de rescate de trabajadores de las empresas privadas que han tenido que cerrar; y para los que no se puedan acoger a prejubilaciones o los trabajadores de las subcontratas, hemos decidido crear una bolsa de trabajo gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras que facilite el acceso a nuevos empleo, cursos de formación e impulsando salidas laborales por otros tipos de actividad". Subrayó, además, que "es fundamental continuar con políticas de reactivación de las comarcas mineras, con nuestras infraestructuras, restauración de minas y actividades económicas alternativas de empleo". Finalmente, apuntó que seguirán trabajando para que las comarcas tengan fácil acceso a otras ayudas europeas, así como incentivos fiscales, entre otras medidas.
A pesar del respaldo del Congreso, Ribera se encontró con duras críticas, como la del diputado del PP, José Alberto Herrero Bono, quien resumió el plan minero en "finiquitar el sector del carbón, cierre de minas y prejubilaciones". El popular criticó la postura contraria al carbón de la ministra, aludiendo también al cierre de las térmicas y sus consecuencias, como el incremento de la factura eléctrica en un 15% " que eliminará la industria electrointensiva". En una línea similar se manifestó el diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca. "Este es el paso final para desmantelar las comarcas mineras y liquidar el carbón, el único combustible fósil del país y renunciando a la soberanía energética", apuntó.
Ciudadanos, que sí apoyó el real decreto, aludió a los anteriores planes mineros y al desconocimiento sobre su ejecución. "Se han consignado millones de euros y no hay respuesta de que se hayan ejecutado, ni que hayan llegado ni a los mineros ni para la reconversión", afirmaba la diputada Melisa Rodríguez.
Desde Unidos Podemos tomaron la palabra el asturiano, Segundo González, y la leonesa, Ana Marcello. El primero criticó que el plan "deja fuera a más de 400 trabajadores de las subcontratas", además de denunciar que "queremos luchar contra la despoblación a la que nos condenan estas políticas". Marcello tuvo un discurso similar, denunciando los incumplimientos del anterior plan minero.
Por su parte, los diputados de Esquerra Republicana y PDeCat reclamaron que Cataluña "también tiene comarcas mineras" y solicitaron su inclusión en el último plan. También denunciaron que "hay 4,4 millones de euros sin pagar de anteriores planes".
