Ningún minero quedará en paro, los excedentes del cierre de minas serán prejubilados o recolocados; habrá un "plan urgente de actuación" para las comarcas mineras dirigido a fomentar la reactivación empresarial; una línea de ayudas para la recuperación del patrimonio industrial; y un plan de formación destinado a lograr empleo en nuevas industrias, sean energéticas o de otro sector. Estas eran las líneas maestras del plan del carbón firmado el pasado año y que supone el fin de la minería no competitiva. El acuerdo tiene una vigencia de 2019 a 2027, pero se aplicará en distinto grado temporal. Así, la restauración de explotaciones en comarcas minera se realizará hasta 2023; las medidas excepcionales para las empresas de 2019 a 2025; y las de reactivación hasta 2027.
Para que ningún trabajador se quedase en paro se planteaban jubilaciones a edad equivalente de 48 años con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, también podrán retirarse los que hayan trabajado 20 años en empresas mineras. Los mineros que por su edad o años cotizados no puedan prejubilarse podrán optar a la recolocación en aquellas empresas que continúen a partir de 2019. Además se consideran excedentes a los trabajadores de las subcontratas. También se destinarán 250 millones de euros para reactivación, labores de restauración, implantación de empresas e infraestructuras.
Hunosa, al tratarse de una empresa estatal, tuvo que negociar su propio plan de empresa -actualmente se encuentran en ello- "con características propias en materia social y compromisos específicos de la reactivación". De hecho, se logró mantener la actividad en un pozo.
