Unos 5.000 prejubilados de la minería de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón reclamarán judicialmente, a través del sindicato CC OO, el incremento de los salarios actualizados al IPC de 2011 y 2012, y la regularización de años posteriores, según destacaron fuentes sindicales. Con este fin, la central interprondrá un recurso de casación frente a la Sala de los Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Con esta reclamación, el sindicato espera llegar hasta las últimas instancias judiciales para que se resuelva el conflicto que generó el socialista Miguel Sebastián cuando era ministro de Industria, Turismo y Comercio. En su opinión, se incumplió el plan del carbón 2006-2012, ya que el Gobierno modificó unilateralmente en 2011 el real decreto "sin ningún trámite de audiencia y sin consultar a las partes". Esto incluye, como aseguró el responsable de Minería en Asturias de CC OO de Industria, Jaime Martínez Caliero, "a los trabajadores de la minería privada". Explicó el sindicalista que a estos trabajadores se les aplicó una subida del 1,5 por ciento, pero después no se les aplicó el IPC real, "y tampoco permitieron a los sindicatos presentar alegaciones". Por eso, ya entonces CC OO decidió llevar el asunto a los tribunales.
"En primera instancia, el juzgado nos dio la razón parcialmente, pero en el proceso judicial siguiente, nos dicen que no son competentes en esta materia y que teníamos que acudir al Contencioso-Administrativo, donde vamos a presentar un recurso de casación", destacó Martínez Caliero. Esto, como señalaron, afecta a unos 5.000 trabajadores, aunque el sindicalista asegura que "puede haber afectados que se han sumado posteriormente". Tampoco se puede cuantificar cuánto dinero debe el Estado a los trabajadores, ya que habría que analizar caso por caso, y las categorías también difieren.
El último problema judicial relacionado con las prejubilaciones minería tuvo lugar en el año 2013, aunque en aquella ocasión era con Hunosa. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias obligó a la hullera estatal a abonar a los prejubilados los complementos pactados que había dejado de abonar desde febrero de ese año. Eran 6.638 extrabajadores y la deuda ascendía a seis millones de euros.
