Pocas esperanzas para la continuidad de la empresa Triman Minerals, con dos plantas en Mieres que suman 30 empleados y sede en Alsasua (Navarra). Los administradores de la compañía, en proceso concursal desde la pasada primavera, han puesto sobre la mesa ya su propuesta para la extinción de los contratos de la plantilla. Una mala noticia para esta firma, con más de veinte años de historia en el concejo.
No es la primera vez que la firma tiene dificultades, pero este parece que será un bache insalvable. Tras varios Expedientes de Regulación de Empleo durante la crisis económica, la situación de Triman parecía salvable. De hecho, antes del verano se había aumentado plantilla en la planta de fundición (en Vega de Arriba). La otra nave, en Loredo, es una calderería.
La versión de la empresa, según ha podido saber este diario, achaca la falta de solvencia a la escasa carga de trabajo en la calderería. Sin embargo, los sindicatos con representación en la firma -Comisiones Obreras (CC OO) y UGT- emitieron informes en los que reflejaban "irregularidades" en la gestión de la dirección de Triman. Como ejemplo, un aumento de la plantilla cuando ya habían comenzado las pérdidas.
Triman anunció a sus trabajadores, en abril del año pasado, la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por tres meses. También el inicio de la tramitación del concurso de acreedores. La empresa cesó su actividad poco después, con los trabajadores sin acudir a sus puestos por deseo de la dirección (bajo la figura legal de "licencia retribuida").
La negociación, desde entonces, no ha estado exenta de polémicas. La más sonada: un grupo de trabajadores presentaron una denuncia sin precedentes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo. Demandaron a los responsables de la empresa y, algo nunca antes visto en un proceso laboral, también a un representante sindical de UGT. Se refirieron, en la denuncia, a la negociación del ERE que culminó con el despido de once trabajadores. Pidieron que se les investigara por presuntos delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores. Aseguraron que la negociación fue "irregular" y debía anularse. El Juzgado abrió diligencias pero, hasta el momento, no se ha celebrado juicio.
El escrito de la administración concursal es un golpe más para la ya cansada plantilla. La propuesta de los administradores para la extinción de contratos propone el pago de veintitrés días (en lugar de los veinte estipulados legalmente) por año trabajado. Si los empleados no alcanzan los doce meses de contrato, se realizará el cálculo correspondiente respetando la misma mejora: tres días más por tiempo en la empresa.
