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El Principado quiere negociar a tres meses de las elecciones el plan de las Ubiñas

El parque natural lleva dos años sin documento de gestión, con perjuicios para los habitantes

El pueblo de Tuiza, en el parque de las Ubiñas, tras una nevada. MIKI LÓPEZ

La dirección del parque natural de las Ubiñas-La Mesa ha iniciado las reuniones con vecinos para la elaboración del Instrumento de Gestión Integral (IGI) del espacio protegido. Estos encuentros llegan más de dos años después de la anulación del anterior documento -tras una sentencia que alegaba la falta de una memoria económica-. Algunos colectivos vecinales consideran esta iniciativa "electoralista y oportunista", ya que se produce a sólo tres meses de los comicios regionales.

La gestión del parque de las Ubiñas lleva más de dos años en la cuerda floja. Los vecinos han denunciado en múltiples ocasiones que la falta del IGI, que es el documento que guarda todos los protocolos, protecciones y catalogaciones del parque, tiene consecuencias "nefastas" para su día a día.

Buen ejemplo son los retrasos en la concesión de licencias para obras en viviendas o fincas, aunque sean de poco calado, o la imposibilidad de solicitar ayudas si se anuncian convocatorias para los espacios protegidos: "Cumplimos con todos los deberes de vivir en un parque natural, pero no tenemos ningún derecho", denunciaron los vecinos del parque, que han elegido como representante a la lenense Auri Villar.

Las quejas han obtenido ahora respuesta, pero a sólo tres meses de las elecciones. Los primeros encuentros tuvieron lugar durante la semana pasada, en Lena, Teverga y Quirós. Al encuentro en Lena, que se celebró en la Casa de Cultura de la Pola, acudieron colectivos vecinales del valle del Huerna y del parque natural. En esta primera reunión, afirmaron fuentes vecinales, sólo se presentaron los objetivos y se repasaron los impedimentos surgidos hasta el momento.

La tramitación

El Instrumento de Gestión Integral se tumbó en dos ocasiones en los tribunales. En ambos casos, el fallo del juez respondía a una denuncia previa de los vecinos de la parroquia de Páramo. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló el documento, en 2017, atendiendo a la falta de una memoria económica. Por esa misma razón ya se había anulado el anterior documento, en un proceso que llegó hasta el Tribunal Supremo en el año 2016.

El anuncio de la sentencia fue un jarro de agua fría para la Administración regional. Pero, en un principio, la tramitación no parecía muy compleja. Tan sólo tenían que añadir la memoria económica y acordar algunos puntos de discordia con los vecinos. Los plazos se alargaron, sin explicación, y hasta ahora no se había convocado ninguna reunión para llegar a un acuerdo.

Los vecinos, tras este primer encuentro, serán convocados en las próximas semanas. Es una de las premisas que han puesto sobre la mesa: estar al tanto en todo momento de los avances que se produzcan, para poder presentar alegaciones a tiempo si hay algún punto en el que no estén de acuerdo.

El anterior documento había generado cierta polémica en Lena. Desde entonces, los vecinos y el Ayuntamiento tienen una asignatura pendiente: conseguir que el documento prohiba el paso de una línea de alta tensión por el espacio protegido. Y es que el anterior IGI dejaba una puerta abierta a estas actuaciones: limitaba a un tramo del espacio el posible paso de una línea, si era necesaria para el conjunto de la sociedad asturiana. Este punto puso al municipio en vilo y recuperó la polémica por la línea Sama-Velilla, ahora prácticamente descartada desde el Gobierno central.

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