"Acordes y desacuerdos" es una película de Woody Allen que relata la historia de un músico de jazz enamorado de una joven muda. En el Conservatorio Manuel Fernández "Jaurés" del Valle del Nalón hace meses que los desacuerdos son cada vez más estridentes y amenazan con silenciar los acordes y la buena sintonía. La Mancomunidad del Nalón -respaldada por dos informes jurídicos que establecen que está desarrollando una competencia impropia- decidió acudir a los tribunales para traspasar la batuta de la gestión al Principado. La Consejería de Educación, por su parte, sólo accede a salir a escena para negociar un aumento de su aportación, pero nunca para ponerse al frente de la orquesta. En esta grave tesitura, deberá ser un juez el encargado de componer la partitura que determine el futuro de un centro musical con una trayectoria de 36 años a sus espaldas.
En medio de esta batalla de competencias, que ha generado una "patata caliente" a las administraciones, están los 209 alumnos y los 23 trabajadores, que asisten a la pugna con inquietud. Si el Conservatorio pasase a depender del Principado, su futuro se vería comprometido, ya que no existe subrogación de personal entre administraciones públicas. La denominada "Plataforma Ciudadana de apoyo al Conservatorio. Stop Juicio" -impulsada por la comunidad educativa y que ya ha recabado cientos de apoyos, entre ellos algunos tan destacados como los de Víctor Manuel, Miguel Ríos, Anabel Santiago o "Forma Antiqva"- ha iniciado una campaña de movilizaciones para pedir que se paralice la demanda y que se retome la negociación política. Sus responsables entienden que el proceso judicial pone en peligro a la propia institución y los puestos de trabajo, ya que "el personal del Conservatorio, fijo por oposición y con más de veinte años de antigüedad pierde su plaza".
Sostienen, además, que el centro "lleva una década a la deriva económica, que lo ha despojado de cualquier apoyo económico impidiendo su buen mantenimiento y la mejora de instrumentos es instalaciones". Según los datos que manejan, la Mancomunidad (a través de los cinco ayuntamientos que la integran) aporta algo más de 491.000 de los 804.000 euros del presupuesto. El Principado pone una subvención de 173.000 euros y el resto, 138.000 euros, sale de las matrículas y cuotas que pagan las familias de los alumnos. Un total de 7.000 estudiantes han pasado por el centro en 36 años. Además, juega un activo papel en la vida cultural de la comarca a través de las formaciones que dependen del equipamiento.
El Conservatorio del Nalón se creó en 1983, gestionado por el Ayuntamiento, y desde 1986 pasó a depender de la Mancomunidad. Durante años, de forma más o menos explícita, se reclamó al Principado que se hiciera cargo del centro, pero el punto de inflexión llegó con la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada en el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Un informe jurídico encargado por el Ayuntamiento de Langreo ya alertó en 2016 que, en virtud de la nueva normativa estatal, para cumplir con la legalidad, la Mancomunidad tendría que dirigirse al Principado para que se hiciera cargo del Conservatorio o decidiera su futuro.
La Ley de Sostenibilidad de la Administración Local aborda la clarificación de las competencias municipales para evitar duplicidades. Como consecuencia de ella, se modificaron los estatutos del ente supramunicipal, suprimiendo en sus fines la mención al centro musical y también al matadero (un servicio que acabó cerrando). También se tuvo que eliminar la figura del gerente. Este cambio se llevó a cabo en 2015 e incluyó un apartado en el que se establecía que aquellos servicios que se seguían prestando en la mancomunidad y que no le correspondían deberán ser suprimidos o transferidos a otras administraciones. Si bien podrían seguir siendo prestados de forma transitoria hasta que finalicen los procedimientos de liquidación o transferencia. La modificación de los estatutos del ente supramunicipal ya dejaba claro que "la mancomunidad ejercerá las acciones legales que le correspondan para obtener la compensación y resarcimiento del coste de dichos servicios prestados durante el periodo transitorio". Al informe jurídico de Langreo se sumó otro a principios de 2018, solicitado por el propio ente supramunicipal, que también determinó que la gestión del Conservatorio no es competencia de la Mancomunidad. En marzo, con el informe en la mano y el apoyo de los grupos, el presidente del ente supramunicipal, Marcelino Martínez, reclamó a Educación que se hiciera cargo de la gestión. El Principado se negó y en junio, el Pleno de la Mancomunidad (con el respaldo del PSOE, IU, Somos y Ciudadanos) acordó iniciar un proceso contencioso-administrativo para resolver el conflicto.
Reacciones
Las reacciones de rechazo por parte de la comunidad educativa se sucedieron en los meses siguientes. El PP se desmarcó de la decisión respaldada por el resto de grupos de la Mancomunidad, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) manifestó sentirse "ultrajada" y "amenazada" por el proceso judicial y el Consejo Escolar del centro y los trabajadores exigieron a la Mancomunidad en varias ocasiones que retirara la demanda interpuesta. Estos últimos llegaron a plantear que el Ayuntamiento de Langreo gestionara el equipamiento. El Principado también había propuesto que alguno de los Consistorios de la comarca asumiera la gestión.
La Mancomunidad no dio marcha atrás alegando que la demanda no "pone en peligro el funcionamiento del Conservatorio" y que sólo busca "conocer de quién es la competencia para gestionar el centro para no incurrir en ninguna ilegalidad". El consejero de Educación, Genaro Alonso, reiteró el mes pasado en la Junta que el Principado no asumiría la gestión pero ofreció "diálogo" y "mejorar, si podemos, el apoyo económico". Los cinco alcaldes salieron en bloque al día siguiente para asegurar que esa vía había sido cerrada por el propio Principado y que no tolerarían que "se juegue con la gente".
Fue el penúltimo choque de un concierto con muchos desacuerdos y pocos acordes que podría tener su punto final ante el juez.
