En el último año y medio en la obra del soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo no se ha movido una máquina pero sí muchos papeles. Hace alrededor de dieciocho meses finalizó la obra civil, ejecutada por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Desde entonces, el papeleo para poner en marcha la segunda fase de los trabajos, la instalación de la superestructura ferroviaria (instalación de vías, catenaria y señalización) ha copado todo el protagonismo. Y aunque los trenes tendrían que estar circulando ya por el túnel el pasado mes de marzo, según el calendario ofrecido en septiembre de 2017 por el entonces presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Juan Bravo, del Gobierno del PP, aún no se han empezado a instalar las vías.
Después de siete meses de tramitación para modificar el convenio con el objetivo de que el Adif ejecutase las obras, ahora será necesario elaborar un nuevo documento. El Ministerio de Hacienda ha exigido que se invalide todo el procedimiento y se vuelva a retomar desde el principio. Esto ha ocurrido después de que el Ayuntamiento de Langreo haya aprobado hasta en tres ocasiones (dos en pleno y una en junta de gobierno local) una modificación del convenio remitida desde el Adif, que ahora no sirve.
El organismo ferroviario no ha ofrecido, por el momento, plazos para resolver esta nueva problemática jurídica y administrativa, que acarreará un nuevo retraso en las obras de un proyecto que arrancó en 2009. Ha trasladado su intención de "agilizar los plazos y reducirlos lo máximo posible", remarcando que trabaja conjuntamente con el Ministerio de Fomento y el resto de administraciones implicadas en "la búsqueda de la solución idónea", la redacción de un nuevo convenio.
La instalación de las vías en el túnel queda, por tanto, pendiente ahora de la firma de un nuevo convenio y de que las tres administraciones (central, regional y local) lo aprueben. Poco antes de que concluyese la obra de construcción de la estructura subterránea, los Gobiernos autonómico y estatal se reclamaban el uno al otro que ejecutasen la segunda fase de los trabajos. En septiembre de 2017, el presidente del Adif, Juan Bravo (PP), facilitó en Langreo un calendario, que apuntaba a marzo de 2018 para sacar a contratación la actuación y a agosto de este mismo año para que se iniciasen las obras de instalación de la superestructura ferroviaria. Según esas previsiones que no se cumplieron, los trenes tendrían que estar circulando por el túnel ya el pasado mes de marzo.
Con el cambio de gobierno, el nuevo Ejecutivo del PSOE, tras un verano sin dar explicaciones sobre los motivos de la paralización, trasladó a las otras dos administraciones que había que modificar el convenio para que el Adif pudiese hacerse cargo de la ejecución de la superestructura. Era necesario ya que la competencia del proyecto era del Principado, ya que fue el que ejecutó la obra del falso túnel.
El plazo previsto para cubrir ese trámite era de un mes pero, al igual que había pasado anteriormente, se demoró, ante los desacuerdos entre las administraciones y los errores formales en el documento. Ahora, se topó con un nuevo obstáculo, la necesidad de elaborar un nuevo convenio, tras siete meses de trámites para su modificación. Y ocurre cuando ha pasado más de un año y medio sin actividad en la zona de las obras desde que se concluyó la primera fase. Para el segundo bloque de trabajos, el Adif destinará 40 millones de euros, que financiarán tanto la instalación de vías y la catenaria como mejoras en la línea desde Sama a Pola de Laviana. Quedaría entonces la urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento, que sería ejecutado por el Principado. El presupuesto ascenderá a 10 millones de euros, que correrán a cargo de los fondos mineros. A la construcción del túnel, la administración regional aportó 70 de los 82 millones gastados.
