Tres empleados de una residencia de personas mayores de Mieres podrían enfrentarse a una condena de un año y medio de prisión por la muerte de un anciano en el año 2016. Es la petición de la Fiscalía, que considera que los hechos son constituvos de un delito de homicidio por imprudencia grave. Además, pide una indemnización de 10.000 euros para cada uno de los cinco sobrinos y herederos del fallecido. La acusación particular, en principio, rebaja la calificación del delito a una omisión del deber de socorro pero asciende la indemnización a un total de 75.000 euros. "La familia no supo nada hasta que les informó la Guardia Civil", aseguró ayer la abogada que ejerce la acusación particular, María Fernández.
Los hechos tuvieron lugar en mayo de 2016. Dos meses antes, el anciano había ingresado en la residencia: "En el momento del ingreso presentaba un deterioro cognitivo importante, con episodios de agitación, dependencia de terceras personas para las actividades básicas de la vida cotidiana y problemas cardiacos de consideración", afirma el escrito de la Fiscalía.
El 1 de mayo, el hombre comenzó a presentar un cuadro de vómitos, reierado en el tiempo pero intermitente, que fue tratado bajo la supervisión del enfermero del centro. El sanitario "no juzgó necesario avisar a la médico de la propia residencia, que esos dás estaba libre de servicio ni tampoco al servicio de urgencias del centro de salud de Mieres, por no considerar que la situación del paciente fuera de especial gravedad", apunta la Fiscalía.
Los hechos
Los hechos demandados ocurrieron entre la noche del día 2 y la madrugada del día 3. Quedaron al cuidado del anciano tres gerocultores -identificados en el escrito de Fiscalía como acusada 1, acusado 2 y acusada 3-. El enfermero encomendó a los tres que vigilaran "especialmente" al anciano "por si empeoraba su estado de salud" y había que avisar al médico de guardia.
Hubo una circunstancia que resulta determinante para el caso: el sistema de apertura del portón de vehículos -que se abría con una clave entre las 23 y las 7 horas- no funcionaba. Existía una alternativa: una llave "Allen" guardada en la caja de llaves y que permitía abrir el portón manualmente. De los tres gerocultores, el acusado 2 conocía esta llave "Aller" pero "no se había molestado en aprender a usarla", afirma el Ministerio Fiscal. Las acusadas 1 y 3 desconocían la existencia de la llave.
A las 23 horas de la noche del día 2, el acusado pasó por la habitación del anciano sin observar ningún dato "fuera de lo normal". La siguiente visita no tuvo lugar hasta las 2.23 horas, según Fiscalía. En esta seguna visita, observaron que el paciente estaba vomitando y aparentaba un empeoramiento. Fue entonces cuando los acusados decidieron llamar al 112-Asturias.
El taxi con la doctora llegó a las 3.33 horas. "Ésta llamó repetidas veces al intercomnunicador paa que le abrieran, sin obtener respuesta, el taxista tocó el claxon y dio ráfagas de luz para advertir de su presencia. Incluso se bajó y se acercó al portón y a la contigua puerta peatonal para comprobar si se podían abrir manualmente de un empujón", afirma el escrito. Los acusados, después de intentar repetidamente abrir el portón a distancia con los teléfonos inalámbricos, adoptaron "una actitud de completa pasividad". Ni siquiera, según el Ministerio Fiscal, intentaron abrir con la llave "Allen". Tampoco llamaron por teléfono a alguno de los responsables del centro, ni a la supervisora a fin de que les dieran alguna indicación sobre cómo actuar.
La médica dejó el lugar tras 15 minutos en el exterior de la residencia, ya que tenía que atender otras urgencias. A partir de las 3,47 horas, el hombre no fue visitado por ninguno de los acusados que estaban en el turno de noche. A las 5,12 horas, el acusado número 2 comprobó que el hombre había fallecido.
El fallecimiento, apunta la Fiscalía, "se debió a una insuficiencia cardio-respiratoria aguda en un contexto de acentuada hipertermia, que pudiera tener su origen en un síndrome neuroléptico maligno, efecto secundario, que aunque muy raro, se ha descrito respecto al antidepresivo Trazadona, principio activo del fármaco Deprax que le estaba siendo administrado". Y va más allá: "En caso de haberse tratado a tiempo en un hospital podría haberse revertido". "De haberse hecho un control de su temperatura es imposible que no se hubiera detectado un aumento completamente anormal de la misma", determinó la autopsia.
Fiscalía y acusación particular no coinciden en la calificación del delito: el Ministerio apunta a un homicidio por imprudencia y la letrada de la familia considera una omisión del deber de auxilio. Tampoco en la indemnización, 50.000 euros -Ministerio Fiscal- y 75.000 euros -acusación particular-. Sí solicitan el mismo periodo de inhabilitación: tres años para cada acusado.
