Los procesos judiciales en los que se ha visto envuelto el Montepío de la Minería a raíz del "caso Hulla" le han supuesto un fuerte desembolso económico, durante los dos últimos años. En concreto, han sido más de 200.000 euros en abogados, informes periciales, testificales, gastos judiciales... Una cifra que, por poner en contexto, es la mitad de los beneficios obtenidos por la entidad el pasado ejercicio.
El Montepío de la Minería está inmerso en varios procesos como dos juicios civiles, uno penal y un proceso administrativo con el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras, todos ellos vinculados a la residencia geriátrica de Felechosa. "Todo eso tuvo un coste importante en gastos judiciales, señaló Juan José González Pulgar, presidente de la mutualidad minera. En el ejercicio 2017, la cuantía que se gastó la entidad fue de 132.000 euros, mientras que el pasado año 2018 la cantidad fue de 72.600 euros. "Es un dinero que lastra las cuentas, estamos pagando en torno a 5.000 euros mensuales por estos servicios jurídicos", aclaró Pulgar.
Actualmente, el Montepío tiene abiertos varios frentes. Por una parte el "caso Hulla", donde se investigan posibles desvíos de dinero hacia los exsindicalistas José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo procedentes de las obras de construcción del geriátrico de Felechosa. Un procedimiento que está aún en fase de instrucción tras haberse pedido una prórroga de año y medio, que alargaría este proceso hasta, al menos, mediados de 2020.
Además, la mutualidad también tiene abierto un juicio que comenzará el próximo día 23 contra el constructor de la residencia de la localidad allerana por vicios de obra. Tras llegar a un acuerdo con el aparejador y el arquitecto del proyecto, ya abonaron al Montepío 700.000 euros. Ahora el acusado es el constructor, al que se le reclaman hasta 1,3 millones de euros por los defectos en la construcción del equipamiento. Por último, y aunque el proceso está parado, el Montepío también reclama 3,3 millones de fondos mineros de la última certificación de la obra de la residencia, mientras que el Instituto del Carbón contrademanda a la entidad por más de medio millón de euros.
