El Principado aprobó a mediados de octubre de 2017 la declaración del poblado minero de Bustiello, ubicado en la parroquia de Santa Cruz, como Bien de Interés Cultural (BIC). Una declaración que engloba también los cuarteles de Santa Bárbara, el hospital de la Sociedad Hullera Española (en muy mal estado) y la mina Dos Amigos. Una de las ventajas que esta tramitación conlleva para las aproximadamente medio centenar de viviendas que integran este valioso conjunto es la exención del IBI. Pese a ello, los vecinos han estado dos años pagando la contribución sin tener, en teoría, que hacerlo. El Ayuntamiento de Mieres ha conseguido finalmente que el Ministerio de Hacienda exima a decenas de familias del pago de este impuesto.
El problema que afecta a los vecinos de Bustiello y Santa Bárbara es que la declaración de BIC no está aún recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento, tras una eterna tramitación, se encuentra pendiente de los últimos informes. Por este motivo Hacienda se ha negado los dos últimos años a aceptar las reclamaciones de los propietarias para evitar el pago del IBI, un derecho que vienen vinculado a la consideración de bien cultural. Al final, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Mieres es remitir un procedimiento al Ministerio de Hacienda advirtiendo que la declaración de BIC, de ámbito autonómico, es mayor rango que la cobertura del PGOU, de ámbito municipal.
Si bien el trámite realizado por el Ayuntamiento puede parecer sencillo, al final ha resultado un proceso muy complejo. Hacer doblar la rodilla al Ministerio de Hacienda no ha resultado fácil. Los propios vecinos reconocen el esfuerzo de la administración local. Destacan en especial el trabajo de los ediles Juan Ponte (Cultura) y Delia Campomanes (Urbanismo), así como la labor de la nueva arquitecta municipal, Desireé Álvarez. "Cuando hemos tenido que criticar la inacción municipal lo hemos hecho, pero ahora hay que agradecer el trabajo, ya que el Ayuntamiento se ha preocupado por buscar una solución a algo que era injusto", apuntaron ayer los portavoces vecinales.
Perjuicios
El concejal Juan Ponte entendió desde un primer momento que la reivindicación de los propietarios era justa: "La declaración de BIC conlleva una perjuicio, pero también tienen sus ventajas. Si los vecinos deben sufrir los primeros también deben beneficiarse de los segundos, ya que es un derecho". Así, por ejemplo, uno de los mayores temores de los vecinos del poblado minero era que la protección como BIC fuese un impedimento más a la hora de realizar reformas en las viviendas. Contra todo pronóstico, la declaración aprobada len 2017 suaviza estas exigencias. En principio, cualquier obra menor, tanto en el interior como en el exterior de las casas, tenía que pasar por el filtro del Principado. El decreto publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), concede al Ayuntamiento de Mieres la competencia para permitir algunos de estos trabajos, con lo que su tramitación será más sencilla.
