La sexta reunión de la Comisión de Seguimiento del comúnmente denominado Plan del Carbón sirvió para poner ciertas luces respecto al futuro de las comarcas mineras. Las conversaciones entre el Ministerio de Transición Ecológica y los sindicatos aclararon, aunque no despejaron al cien por cien, ciertos aspectos del plan, especialmente referidos al empleo. Y en este apartado, un hecho pareció ser evidente. Los 282 trabajadores excedentes del sector minero que se apuntaron a la bolsa de trabajo abierta para ser destinados a la restauración de minas no serán suficientes para toda las tareas que habrá que realizar a partir del próximo año, cuando comience el programa de rehabilitación de estos espacios degradados.
La bolsa de trabajo incluye en este momento a 282 exmineros, de los que 88 proceden de empresas mineras y, el resto, de subcontratas. Estos trabajadores tendrían prioridad para desarrollar las labores de rehabilitación de las minas, cuyos trabajos, según trasladó ayer el Ministerio a los sindicatos, se iniciarían en el primer trimestre de 2020. El Ministerio presentó un estudio sobre las minas que se verían amparadas por estas medidas y que, según Víctor Fernández, responsable de Minería de FICA-UGT, "podrían superar la capacidad de los excedentes apuntados en la bolsa, por lo que habría que contratar gente de fuera". Dentro de esta planificación, la previsión marcaba una dotación de 150 millones de euros, cantidad que, a tenor del esbozo presentado ayer por el Gobierno, puede quedarse corta dada la ingente labor que supone. En ese probable caso, se buscarán alternativas de financiación. "Queremos que este tema se agilice", señaló Jesús Crespo, responsable de Industria de CC OO.
Precisamente respecto a esa bolsa de trabajo de excedentes de la minería del carbón, el Ministerio también informó de que ya se está terminado la licitación para que dé comienzo en el plazo más breve posible el Programa de Formación y de Recualificación que deben llevar a cabo entre la agencia de colocación externa, el SEPE y el Ministerio de Trabajo para configurar la trayectoria formativa de dichos trabajadores que permita su reinserción laboral para las tareas de restauración de los espacios mineros degradados.
Respecto a esos trabajos de rehabilitación de los pozos cerrados, UGT-FICA planteó en la reunión "la necesidad de que las comunidades autónomas afectadas por los planes de cierre y restauración establezcan convenios de colaboración con el medio propio local correspondiente, con el objetivo principal de priorizar la recolocación de los trabajadores excedentes de la minería del carbón en labores de restauración".
Los sindicatos llegaban a la reunión con la mosca detrás de la oreja porque el Plan se ha cumplido a rajatabla en lo que corresponde al cierre de explotaciones y liquidación de puestos de trabajo sin que, de momento se hayan tomado medidas paliativas concretas. Ayer, la secretaría de Estado comenzó a dar datos concretos sobre éstas. Otro ámbito que afecta directamente a los mineros es el Plan Social. Y en ese aspecto, el Ministerio aclaró que se han presentado 304 solicitudes de prejubilación, de las que se han aceptado 281, ocho se continúan tramitando y quince se han rechazado. En bajas incentivadas, se han abonado ya 63, están pendientes 67, 18 se están tramitando y el resto, hasta 196, corresponden a las dependientes de Carbonal.
Los responsables sindicales de UGT-FICA, federación en la que se integra el SOMA, y de CC OO de Industria tanto a nivel nacional como regional, valoraron de forma positiva el encuentro, aunque en ambos casos exigieron al Gobierno central celeridad en el desarrollo de todas las medidas, al entender que las comarcas mineras, y especialmente aquellos trabajadores vinculados al sector, requieren de agilidad en las soluciones que se articulen para salir de la difícil situación en la que se encuentran.
