La sección sindical del SOMA- FITAG-UGT en la central térmica de Lada reclamó ayer al Gobierno central que no autorice el cierre de la planta hasta que se ejecute por parte de Iberdrola "un proyecto de generación renovable en el emplazamiento que absorba el empleo actual de la instalación". Son unos cien empleos, sesenta trabajadores de Iberdrola y unos cincuenta de subcontratas, según los cálculos que maneja el sindicato. Además, UGT aseguró que "a partir de la entrada de los nuevos valores límite de emisiones marcados por la UE (en el verano de 2020), la instalación puede seguir disponible como respaldo a las tecnologías renovables", produciendo menos de 1.500 horas anuales. Por debajo de esa barrera la nueva normativa europea es menos exigente.
Iberdrola, propietaria de la instalación, ya presentó en noviembre de 2017, la solicitud de cierre de térmica en el Ministerio. "Lo hizo sin plantear alternativas de empleo y justificando la decisión, entre otros argumentos, en el hecho de que la instalación no cumplía con los valores límite de emisiones que marca la UE", expusieron desde UGT, para explicar que la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, del año 2010, sobre las emisiones industriales no implica necesariamente el cierre: "Establecía en su artículo 32 que los estados miembros podían elaborar un plan nacional transitorio, aplicable durante el período que va desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2020".
Ese Plan Nacional Transitorio Español para grandes instalaciones de combustión, según esgrime UGT, fijaba unos valores máximos de emisiones que se determinarían considerando una disminución lineal entre los años 2016 y 2019, con un objetivo final, de aplicación el 1 de julio de 2020. Sin embargo, "según el artículo 73 de la norma europea, antes del 7 de enero de 2016, y posteriormente cada tres años, la Comisión presentaría al Parlamento Europeo y al Consejo un informe que haría balance de la aplicación de la directiva. Dicho informe incluirá una evaluación de la necesidad de actuación de la Unión a través del establecimiento o la actualización de unos requisitos mínimos relativos a valores límite de emisión y a normas de control". Los criterios para esa revisión serían "las consecuencias de las actividades de que se trate para el conjunto del medio ambiente y el estado de aplicación de las mejores técnicas disponibles para las actividades implicadas".
Medidas
Siguiendo con su recapitulación, UGT remarcó que el 17 de agosto de 2017, la Comisión, a través del Diario Oficial de la Unión Europea, publicó la decisión de ejecución donde se establecían las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles para las instalaciones de combustión. "Este documento adopta las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD), revisadas por el foro conformado por representantes de los Estados miembros, industrias afectadas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección del medio ambiente. Establece unos nuevos límites de emisiones contaminantes que las instalaciones de combustión no podrán superar a partir de julio de 2020. No obstante, cabe destacar que estos límites NEA-MTD se reducen significativamente en las instalaciones que funcionen menos de 1.500 horas al año".
Desde el sindicato hicieron hincapié en la inversión desarrollada en los últimos años en Lada. En los años 2008 y 2009 la firma vasca invirtió más de 100 millones de euros: 60 en la planta desulfuradora y 40 más en renovar la turbina principal, torre de refrigeración y condensador: "Desde entonces, la empresa no ha dejado de invertir en la unidad, con un mayor gasto en aquellos equipos que aseguraban el cumplimiento de los límites de emisiones que marca la directiva. Sirva de ejemplo la última inversión realizada entre los años 2015 y 2016 para reducir las emisiones de NOx, que alcanzaron casi los 12 millones de euros".
Límites
Con todos estos antecedentes, la sección del SOMA-FITAG-UGT en la térmica langreana entiende que la instalación "cumple todos los requisitos medioambientales para poder seguir funcionando más allá de verano de 2020, siempre y cuando funcione menos de 1.500 horas anuales". Además, remarcaron, la normativa ambiental fijada por la UE "en ningún caso obliga al cierre de ninguna instalación sino que únicamente fija unos valores límite de emisiones, siendo exclusivamente el Gobierno español, a través del Ministerio de Transición Ecológica, el que tiene la potestad de autorizar el cierre de la instalación".
Sobre ese permiso de clausura, UGT insistió en resaltar "las desastrosas implicaciones tanto sociales como económicas que se derivarían del cierre para el conjunto de la comarca del Nalón, por lo que requerimos al Ministerio de Transición Ecológica que no autorice ese cierre hasta que se ejecute un proyecto de generación eléctrica renovable en el emplazamiento, que absorba el empleo actual de la instalación".
En caso de que finalmente se cierre la térmica, UGT defiende la puesta en marcha de una instalación combinada de generación de biomasa y energía solar. Como complemento, el sindicato aboga por otros usos como la fabricación de componentes para otras fuentes de energía y un centro de investigación sobre captura de dióxido de carbono.
