Luismi Piñera acaba de publicar un trabajo en la página web de la Sociedad Cultural Gijonesa sobre los juicios del Tribunal de Orden Público relacionados con asturianos. El TOP, como muchos de ustedes recordarán, se encargó entre los años 1964 y 1977 de reprimir judicialmente a la oposición política al franquismo con acusaciones por asociación ilícita, propaganda ilegal, participación en reuniones o manifestaciones no pacíficas, delitos contra el Jefe del Estado y otras actividades similares, aunque en un principio existía una diferencia entre el Juzgado de Orden Público, JOP, que instruía el sumario a partir de la llamada Brigada Político-Social, y el TOP que se encargaba de dictar las sentencias.
El balance final de este periodo se cerró en todo el país con 8.943 ciudadanos y ciudadanas procesados y un 74% de sentencias condenatorias. De ellos 458 eran asturianos y en la lista encontramos a personajes conocidos que acabaron desarrollando carreras políticas y sindicales junto a otros represaliados que no salieron del anonimato.
Con su generosidad habitual, Luismi me avisa de que hay varios de estos procesos que pueden interesar a los lectores de estas Historias Heterodoxas, y creo que tiene razón porque en ellos aparecen nombres vinculados a la Montaña Central que merecen nuestro reconocimiento porque se jugaron el tipo forjando las libertades que ahora disfrutamos. Les confieso que acabo de borrar una lista que ya había escrito, porque es muy difícil citarlos a todos y tengo miedo a olvidarme de alguien.
De manera que hoy me voy a ceñir a un solo caso que sirve perfectamente como ejemplo para que vean cómo funcionaba este Tribunal. Se trata del sumario n.º 52 de 1967 y pertenece al Juzgado de Orden Público, lo que indica como ya he adelantado más arriba que la denuncia fue hecha a partir de las informaciones de la Policía Secreta.
Los orígenes de Comisiones Obreras tienen mucho que ver con Asturias. Como muchos de ustedes saben el sindicato, al margen de los dos históricos UGT y CNT, se fue organizando en los años 50 partiendo de grupos espontáneos y sin relación que nacían en conflictos puntuales para desaparecer cuando estos se solucionaban. Se dice que tal vez la primera Comisión Obrera que empleó este hombre fue la de la mina La Camocha, en Gijón durante una huelga del año 1957.
Diez años más tarde el sindicato funcionaba clandestinamente pero en una situación de tolerancia, porque las autoridades pensaban que su existencia ayudaba a fragmentar a las organizaciones históricas, sin ser conscientes de que su fuerza crecía con cada conflicto; aunque había señales de alarma como la constitución en el verano de 1966 de la Comisión Minera Provincial de Asturias en la que se coordinaron representantes elegidos en los pozos mineros.
Con ese telón de fondo, se celebró una asamblea en la Casa Sindical de Mieres en la que se reunieron cientos de aquellos delegados que representaban a las principales explotaciones mineras e industrias para convocar una huelga que quedó fechada para el día 1 de febrero y enviar un escrito al ministro de Trabajo explicando las razones que motivaban el paro. Las autoridades vieron entonces la necesidad de cortar esa escalada obrera y actuaron contra los dirigentes que más se habían significado en aquella jornada.
En la sentencia encontramos una descripción de los hechos que se habían producido el día 3 de enero de 1967 cuando se congregaron en las escaleras, pasillo y vestíbulo de la Casa Sindical de Mieres centenares de obreros de las ramas de la minería y metalurgia llegados desde las dos Cuencas "y como protesta por no conseguir de los poderes públicos determinadas aspiraciones, acordaron efectuar un llamamiento a los obreros de los sectores indicados de la producción para que el día primero de febrero siguiente se abstuviesen de concurrir a sus tareas".
A continuación se sigue contando como poco después Gerardo Iglesias, Manuel García "Otones", José Celestino González y otros se reunieron en un piso de Gijón para redactar un manifiesto convocando el paro de 24 horas, del que Nicolás Corte Antuña se encargó de mecanografiar varias copias; que unas diez fueron distribuidas por Martín Fraga Tasende en el pozo Lláscaras, mientras que Leopoldo Alfonso Vallina Miranda colocó otra en un lugar visible de los vestuarios del pozo Venturo y que también en la noche del 29 de enero se recogieron en las calles de Gijón 195 hojas, que habían sido multicopiadas por el propio Gerardo.
Según los considerandos de la sentencia, aunque no se produjeron desordenes de relieve, el paro fue seguido en cinco talleres metalúrgicos y veintitrés minas, dejando de acudir al trabajo unos diecinueve mil operarios, pero -según los acusadores- la genuina finalidad de la huelga no fue la de obtener las mejoras laborales expuestas en el manifiesto, sino "llevar a cabo una prueba de la fuerza de las Comisiones Obreras frente a la Autoridad del Estado, intentando perjudicar esta y al mismo tiempo dañar la normal actividad económica de la comunidad nacional española, para lo que habían promovido previamente reuniones en bares de las afueras de Mieres y en los centros de trabajo.
Posteriormente se ordenó un registro en el domicilio de Gerardo Iglesias, donde se encontraron ejemplares de "Mundo Obrero" y de la obra de Santiago Carrillo "Después de Franco ¿Qué?", estatutos del Partido Comunista y facsímiles de la Declaración de Comisiones Obreras de Madrid destinados a ser repartidos.
El sumario 52/1967 fue una maniobra judicial que formaba parte de una operación seguida por otras actuaciones similares contra las Comisiones Obreras de más provincias. Los historiadores consideramos que la primera sentencia condenatoria por identificar a CC OO como organización filial del PCE fue la que emitió el Tribunal Supremo el 16 de febrero de 1967 confirmando una sentencia del TOP contra los integrantes de la Comisión Obrera de Vizcaya, aunque otros autores se refieren también en este sentido a la del 15 de octubre de 1968 contra las Comisiones Obreras del Arenal Alto (Madrid), que declaró la ilegalidad de todo el sindicato por entender que las Comisiones Obreras eran un apéndice del Partido Comunista español y estaban tuteladas por él.
Aunque la historia del movimiento obrero de nuestras cuencas no necesite sumar más hitos, lo cierto es que la sentencia de Mieres es anterior a la madrileña, puesto que se dictó el 21 de marzo de 1968 y en ella volvemos a leer con claridad la identificación del sindicato con el Partido Comunista: "al ser dicho Partido ilícito (?) resultan ser ilícitas dichas Comisiones, así como que es objetivo de estas la destrucción violenta de la actual conformación del Estado Español en su plenitud, lo que las subsume dentro del tipo penal citado".
La sentencia dictada por el Tribunal que presidió don José Hijas Palacios y en la que actuaron como magistrados don Carlos María Entrena Klett y don José Francisco Mateu Canoves quiso ser ejemplar y por ello castigó a los inculpados por tres delitos distintos y apreciando además en algunos casos las agravantes de reincidencia y reiteración, y precedentes tan graves como el de "Otones", quien en 1951 había sido condenado a 12 años y un día por "auxilio a bandoleros".
Por el "delito de sedición con provocación oficial" fueron condenados criminalmente en concepto de autores, Manuel García "Otones", Nicolás Corte Antuña, Martín Fraga Tasende y Celestino González Fernández a seis meses de arresto mayor, y Gerardo Iglesias y Leopoldo Vallina Miranda a tres meses de arresto mayor. Por "asociación ilícita", Manuel García "Otones", José Celestino González Fernández y Martín Fraga Tasende a cuatro años, dos meses y un día de prisión menor y Manuel Valentín Losa "Pipo", Higinio González Álvarez, Joaquín Oscar Fernández Espina y Gerardo Iglesias a diferentes penas. Por último, el delito de "propaganda ilegal en concepto de autor" solo se apreció en Gerardo Iglesias, quien tuvo que añadir a su mochila otros dos años de prisión y una multa de diez mil pesetas.
Como una última consideración no me resisto a comentar el conocimiento que tenía la Brigada Político-Social de todos los movimientos del grupo, capaz de determinar con detalle el papel que jugó cada uno de los asistentes a la reunión de Gijón. A uno, que también ha andado en esas cosas, le huele más a un topo cercano a los implicados que a la inteligencia de la policía franquista.
De cualquier forma, estas condenas no frenaron el crecimiento de CC OO que se intentó detener definitivamente en mayo de 1972 con un disparo por elevación cuando se celebró el Proceso 1001, en el que también se vio inmerso otro hombre de la Montaña Central, Juan Muñoz Zapico "Juanín", pero esa ya es otra historia.
