05 de febrero de 2020
05.02.2020
MÁS DOMINGO

El Defensor del Pueblo afea la actuación municipal con el argayo de Cocañín

El Ayuntamiento no informó sobre la incidencia del corte en la normal prestación de servicios como el transporte escolar

05.02.2020 | 02:44

El Ayuntamiento de San Martín ha recibido un tirón de orejas por parte del Defensor del Pueblo respecto a la gestión del argayo de Cocañín. Un desprendimiento que, hasta que no se arregle, ha dejado a uno de sus vecinos sin transporte escolar, tal y como había denunciado la propia afectada, Verónica Cabal.

En su misiva, el Defensor del Pueblo señala que, "si bien el Ayuntamiento ha realizado actuaciones en relación con el objeto de la queja presentada, transcurrido casi un año del hecho que provocó el corte de un tramo de la carretera, siguen sin ejecutarse las obras necesarias para su reparación". Sin embargo, la administración local "no ha informado, tal y como se le solicitó, sobre la incidencia que tiene el corte de la carretera en la normal prestación de los servicios públicos y en la libertad de circulación". Por ello, advierte al Ayuntamiento que "el envío de la información solicitada de forma parcial no es el modo apropiado de atender el requerimiento de esta institución".

Al respecto de esto último, señala que hay el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981 "establece la obligación de todos los poderes públicos de auxiliar con carácter preferente y urgente al Defensor del Pueblo en las actuaciones que lleve a cabo, lo que implica atender a sus requerimientos de informe y enviar un informe escrito que trate sobre las cuestiones que se le planteen".

Mayor celeridad

También considera que "se debería haber actuado con mayor celeridad para restablecer la normal circulación en la carretera y garantizar el normal desarrollo del servicio de transporte escolar". Aquí no alude sólo al Ayuntamiento de San Martín, también al Principado, quienes "debieron actuar de forma coordinada para evitar que ningún alumnos se viera privado del servicio de transporte escolar que venía disfrutando y dando alternativas que no fueran gravosas para los interesados".

Sí destaca que, como le confirmó el Consistorio, el Principado tiene el compromiso de realizar durante este año las obras de reparación de la carretera, presupuestadas en 169.794 euros. "El Defensor del Pueblo confía en que se cumpla el compromiso de la Administración y se ejecute el proyecto para la reparación de la carretera en los próximos meses y, en definitiva, se dé la completa solución al problema expuesto por usted en su queja (el transporte escolar); en caso de que haya retrasos en el cumplimiento de este compromiso el Defensor del Pueblo procedería a reanudar la investigación".

También afea al Ayuntamiento por no haber respondido a los escritos presentados por la propia Verónica Cabal en el registro municipal donde pide información sobre el corte, "un flagrante incumplimiento de la obligación de resolver; el silencio administrativo implica una contradicción con la exigencia de eficacia que ha de presidir toda actuación administrativa".

Asimismo, dice que la Constitución "señala que la actuación de la Administración debe servir a los intereses de los ciudadanos, no debiendo repercutir sus deficiencias sobre ellos".

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