Los alcaldes mineros cerraron ayer filas sobre su falta de responsabilidad en la gestión de los fondos mineros después de que el Tribunal de Cuentas detectase "deficiencias e irregularidades" en la justificación de parte de los 1.786 millones de euros concedidos en subvenciones durante la aplicación de los denominados planes del carbón, entre los años 2006 y 2017. Pero no solo eso, aseguraron que llevan denunciando irregularidades desde 2002 respecto al retraso en la firma de los convenios y los pagos a los ayuntamientos.

"La reactivación es fundamental para nuestros municipios, pero los ayuntamientos tenían una parte pequeña que aportar entonces", aseguró Mario Rivas, presidente de la Asociación Comarcas Mineras (Acom). Con esta manifestación, Rivas señaló que "era importante apartar bulos sobre la implicación de los ayuntamientos en estos fondos". Al respecto, explicó que en Asturias existía un criterio de reparto pero que "en Castilla y León y Aragón, la influencia de los ayuntamientos en las decisiones de las mesas regionales de fondos mineros era testimonial, incluso inexistente en Aragón". Añadió Mino García. vicepresidente de Acom, que "desde el año 1998, el único responsable era el Instituto de la Minería del Carbón, a los ayuntamientos se nos excluía". Dio cuenta, además, de que "no había técnicos ni personal para controlar los fondos, sí había políticos que igual preferían que hubiera más políticos y menos técnicos, pero esa es una responsabilidad que no vamos a asumir porque no participamos en ello". Es más, hablaban ayer los responsables de Acom de proyectos municipales que las administraciones "tiraban a la basura", mientras que les colocaban otros que ni siquiera habían solicitado pero que tampoco podían rechazar.

El presidente de Acom aludió también a la "escasa ejecución" de los planes mineros en tela de juicio por el Tribunal de Cuentas. Del plan 1998-2005 se ejecutó un máximo del 53 por ciento de las ayudas; del siguiente apenas se llegó a un 20 por ciento de ejecución y del 2013-2018 aún no se ha firmado ningún convenio de los previstos. "No hubo una efectiva reactivación, no por haber gestionado bien o mal las ayudas, sino porque no llegaron para poder gestionarlas", remarcó Rivas. Y de lo que llegó "se ha empleado para dignificar nuestros territorios con la dotación de unos servicios básicos y actuaciones de mejora en las infraestructuras, obras que en otros municipios se financiaban desde la comunidad autónoma con fondos propios y en los nuestros con fondos mineros, no existiendo una adicionalidad en las ayudas, un concepto que no trata el Tribunal de Cuentas. Asimismo, Carolina Morilla, secretaria general técnica de Acom, afirmó que "llevamos presentando informes desde 2002 en los que denunciamos carencias como el retraso en la firma de los convenios o en los pagos, que han hecho que algunos ayuntamientos estén casi en la quiebra". Los abonos, como señaló, "no llegaban hasta un año y medio más tarde, y no hemos recibido ni el 15 por ciento de las inversiones de los fondos mineros".

Para evitar estos problemas en el futuro, los alcaldes demandan una mayor implicación, "algo para lo que ya estamos trabajando junto con los gobiernos regionales y central". También proponen la puesta en marcha de "una oficina estadística u observatorio de datos para el análisis cualitativo y cuantitativos de los planes estratégicos y las actuaciones".

La residencia del Montepío

Salió a colación el proyecto de la residencia de mayores del Montepío de la Minería, una iniciativa que tacharon de "singular y excepcional", destacó Mino García, "pero por el que no se puede juzgar a la totalidad de los fondos mineros". Y es que el vicepresidente de Acom no está de acuerdo con "demonizar estos recursos, no voy a asumir que la gestión de los fondos mineros fue un desaste, porque hubo ganancia en empleo, en infraestructuras, no se puede meter todo en el mismo saco porque no todo fue un descontrol", Mario Rivas reafirmó las palabras de su compañero señalando que "los fondos mineros sirvieron para mucho, pero no cumplieron su objetivo prioritario, sino que taparon carencias de los presupuestos en las comunidades autónomas". También salió como ejemplo de otro proyecto singular, como la residencia, que fue el campus de Mieres. Aquí no hubo denuncias sobre su desarrollo, más allá de que actualmente esté infrautilizado, pero eso no tuvo que ver con la gestión de los fondos.