La descarbonización de las cuencas mineras de España ha sido "exprés, sin compensación alguna y lastrando sus posibilidades de recuperación". Así lo aseguró ayer la presidenta de Euroacom, Ana Luisa Durán, durante el Plenario del Comité Económico y Social Europeo (CESE) celebrado en Bruselas. A la vez, los alcaldes de la Asociación Comarcas Mineras (Acom) España plantearon al citado comité y el Parlamento Europeo sus alegaciones al borrador del Reglamento que gestionará el funcionamiento del futuro Fondo de Transición Justa.
Durán se trasladó a Bruselas como representante de Euroacom. De la entidad de comarcas mineras fueron el presidente de Acom España y alcalde de Villablino, Mario Rivas. También el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez y la regidora de Langreo, Carmen Arbesú. Completó la delegación el alcalde de Páramo del Sil, Ángel Calvo.
Mario Rivas mantuvo un encuentro con el presidente del CESE, Luca Jahier. El representante de Acom le hizo saber "la preocupación de las comarcas mineras en España por la falta de transparencia en los criterios de reparto de las ayudas europeas a la transición". Unas ayudas, añadió, "que parten de la base de borradores de normativa injustos con la situación que viven los municipios mineros en nuestro país".
Alegaciones
Es por eso que han preparado un borrador que recoge las alegaciones al reglamento europeo, por el que se pondrá en marcha el Fondo de Transición Justa y dotado con 7.500 millones de euros. Han presentado su propuesta en un encuentro con varios eurodiputados. En concreto, con Jonás Fernández, Ibán García y Esteban González Pons.
Las alegaciones que recoge el documento no son baladí. En primer lugar, reclaman considerar un ámbito temporal elegible más flexible que reconozca los procesos de transición "experimentados en nuestras comarcas con anterioridad a 2020". Otros puntos clave incluyen "indicadores para medir el esfuerzo en descarbonización" o "facilitar una discriminación positiva en la captación de inversión privada". También, "y muy importante", establecer criterios objetivos y transparentes en el sistema de reparto de las partidas del Fondo de Transición Justa entre los territorios afectados.
¿Cómo lo harán? Según lo recogido en el documento de alegaciones, los alcaldes reclaman que se incluya "fijar tanto un mecanismo de reparto justo (de la Unión Europea a los países miembros y desde los países a sus territorios)". Entre otras ideas, proponen poner en marcha un observatorio de datos específico para el análisis, evaluación, seguimiento y control de las ayudas.
Transición justa
La intervención de Ana Luisa Durán en el Plenario ahondó aún más en el contenido del citado documento. La presidenta de Euroacom hizo referencia a la "complicada situación" que atraviesan los territorios a los que representan los alcaldes de Acom. "Nos preguntamos si la transición justa es posible", señaló Durán, haciendo referencia a la pérdida poblacional de los municipios mineros: "Se ha perdido la minería sin dar ninguna alternativa que generara empleo". Haciendo esto "completamente imposible" una transición justa".
Para empezar, según Durán: "En España no ha habido ninguna transición, porque las minas se cerraron de forma abrupta", señaló. Y añadió que "hemos quedado abandonados a nuestra suerte y, ahora, la Comisión Europea nos penaliza por haber cerrado basándonos en una decisión que ellos mismos habían tomado". "Tenemos los planes sin hacer", añadió.
Así que quieren cambiar las tornas. Y para que la transición sea, al fin, justa tendrían que empezar por "un estudio del documento de alegaciones que hemos presentado". Un antídoto para una situación "muy difícil" que, según Durán, ya no solo deja trabajadores en el paro. "Hay personas que están pasando hambre", señaló. Y denunció que, mientras esto ocurre, "estamos importando energía desde Marruecos".
Es por eso que hace hincapié en la economía social, afirmó Durán, no puede descuidarse. "En muchos de nuestros territorios no se permite el desarrollo de nuevas tecnologías o energías limpias, por ejemplo", añadió. "Creemos que se debe fomentar e incluir expresamente la inversión y la innovación social", destacó.
Y no cualquier inversión. Si no una programación ajustada, que impulse soluciones público-privadas para la educación, la sanidad entre otros recursos sociales. También reclaman a la Unión Europea que tengan en cuenta todos los factores a la hora del reparto de las ayudas y uno de ellos ha de ser, de forma obligada, el impacto que ha ocasionado la falta de alternativas a la minería, el cierre de pozos, a la pérdida poblacional y el envejecimiento de la población en las cuencas mineras.
