Año y medio llevan esperando los cerca de trescientos excedentes de minería que se inscribieron en la bolsa de empleo que puso en marcha el Ministerio para la Transición Ecológica. Un tiempo más que excesivo, a juicio de los sindicatos mineros, que exigieron al Gobierno el inicio del proceso de formación y recolocación de estos trabajadores durante la celebración de la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo marco de la minería del carbón. Tanto el SOMA-FITAG-UGT como CC OO pidieron a las administraciones central y regional que asuman las competencias para la restauración de las explotaciones mineras, destino de estos trabajadores.

La nueva secretaria de estado de Energía, Sara Aagesen, presidió esta reunión, en la que comprometió "mayor agilidad y eficacia" de las actuaciones desde el Ministerio para la Transición Ecológica. También refrendó su compromiso de "defender y cumplir el acuerdo firmado". El secretario general del SOMA, José Luis Alperi, aseguró que le "trasladamos la necesidad inequívoca de que ese cumplimiento sea ágil, porque los tiempos de desarrollo de este acuerdo no son los que nos gustarían" en su implementación, "además de resolver algunos desajustes del plan Social. Debe rematarse ya". Una agilidad que también demandó el secretario de CC OO de Industria, Damián Manzano, exigiendo que "terminen de tramitarse las prejubilaciones de aquellos que lo solicitaron".

En cuanto a la bolsa de empleo y la restauración medioambiental, Alperi apuntó que "las administraciones competentes deben ponerse de acuerdo para comenzar con la restauración medioambiental, y la ocupación real de los excedentes mineros, dando inicio, de una vez por todas, el inicio al proceso de formación y recolocación de los cerca de trescientos trabajadores inscritos en la bolsa de empleo". Una postura que comparte Manzano, quien pidió que tanto la bolsa como las restauraciones "dejen de ser virtuales y pasen a la realidad, creemos que es el incumplimiento más doloroso del acuerdo porque va vinculado a la búsqueda de empleo". En su opinión, las administraciones "tienen que asumir las competencias de aquellas empresas mineras que no pueden hacer la restauración, como son las que se encuentran en concurso de acreedores". Sin embargo, este proceso no será inmediato, ya que en Asturias "ni siquiera está determinado si Hunosa actuará como medio propio".

Otro de los asuntos tratados fue la propuesta de crear un Instituto de Transición Justa que Alperi consideró "una buena iniciativa, siempre y cuando signifique un reforzamiento de la acción; y que queden bien reflejadas las funciones y competencias que ahora tiene el instituto del carbón, sin que sus partidas actuales se ejecuten para otros fines". Manzano, por su parte, afirmó que "es una herramienta que puede servir, pero que los acuerdos de la minería del carbón y las comarcas mineras no queden diluidos, el Ministerio nos ha dicho que no, pero estaremos expectantes sobre lo que pueda ocurrir".