Herramientas del Bierzo, empresa propiedad de Victorino Alonso, negó que las 400.000 mascarillas almacenadas en una nave de Ponferrada fueran confiscadas por la Policía. Aseguró, por contra, que fueron puestas a disposición de la sanidad pública por la propia empresa. Tambén rechazó que haya existido ningún tipo de "ocultación".

La firma expuso que a mediados de la semana pasada, la Comisaría de Policía de Ponferrada se dirigió a la sociedad, "indicando que había tenido conocimiento de que disponía de material sanitario, en concreto mascarillas, y de que debía ponerlo a disposición inmediata de la sanidad pública". Herramientas del Bierzo replicó que "efectivamente, disponía de mascarillas de protección contra el polvo, que consumían sus clientes mineros antes de cerrar sus explotaciones, pero que ni era fabricante ni las importaba; sino únicamente compradora para revenderlas a sus clientes. Y que no podía disponer de ellas, al hallarse constituidas en prenda -junto con otro material de protección de minería- a favor de la Seguridad Social, en virtud de un procedimiento contencioso que se sigue ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como autos 383/2019, además de que se encontraban caducadas".

La Comisaría, siempre según el relato expuesto por la empresa, señaló al representante de la sociedad que iba a realizar las gestiones necesarias para obtener la liberación de la prenda y que, no obstante, debían ser ofrecidas Por ello, el representante de Herramientas del Bierzo "compareció a tal efecto el día 19 de marzo y dejó constancia de que, siempre que fuera autorizada por la Tesorería General de la Seguridad Social o por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no tenía inconveniente alguno en ponerlas a disposición de la sanidad pública".

La compañía añadió que "el viernes día 20, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dictó providencia" en el asunto "dejando sin efecto la prenda relativa a las mascarillas y, a lo largo de ese día y del sábado, fueron retiradas de sus instalaciones las más de 400.000 mascarillas en cuestión, que no eran 150.000".

"Sorprende" -prosigue la empresa- que "se aluda a una actitud de ocultación de unas mascarillas, descubiertas al parecer por un chivatazo, cuya existencia era conocida expresamente por la Seguridad Social. Y mucho más, que se hable de actuaciones 'incluso penales' cuando no estaba en manos de esta sociedad disponer de ellas y ni siquiera se trataba de material sanitario en puridad, pues su origen y destino era la protección contra el polvo en explotaciones mineras y canteras".