Fue un lunes. Un 30 de marzo, como hoy. Ya han pasado once años desde que José María González González desapareciera sin dejar rastro. La Policía y la familia tienen el convencimiento casi absoluto de que fue asesinado, muy posiblemente en las inmediaciones de La Zoreda. Hoy tendría 68 años. La familia aún no ha podido tramitar su defunción pese que ya se ha superado con creces el plazo de que establece la ley como norma para dictaminarse esa condición.
El Código Civil establece que debe pesar una década desde la última vez que se tuvo noticias de la persona desaparecida hasta que legalmente pueda ser considerada como difunta. Así, las hijas de José María González iniciaron el año pasado el trámite. "El problema es que la Fiscalía realizó una lectura de la norma valorando que debía transcurrir por completo el año natural desde el cumplimiento del plazo para poder hacer efectiva la defunción", explicó a este diario Francisco Pérez Platas, abogado de la familia.
La viuda e hijas de José María González iniciaron el pasado otoño los trámites para gestionar el estado de deceso. Se encontraron con la inesperada decisión de la Fiscalía. Tuvieron que detener por tanto el procedimiento. Recientemente habían retomado el farragoso papeleo, que nuevamente han tenido que posponerlo tras la declaración del estado de alarma. De esta forma, José María González sigue siendo considerado a efectos legales una persona "ausente", aun habiendo transcurrido ya 11 años desde su dolorosa desaparición
La familia ha acatado con resignación la decisión de la Fiscalía, aunque subrayan que el hecho de prolongar los tramites en este tipo de casos solo sirve para generar aún más pesadumbre. "Chocamos con una legislación que genera un limbo legal que puede ser problemático ya que, aunque por suerte este no es el caso, hay familias que debido a las malas relaciones pueden enfrentar situaciones problemáticas que manen del reparto de una herencia o de la simple gestión de bienes", puntualiza Pérez Platas.
En el caso de los familiares de José María García únicamente pretenden normalizar legalmente una muerte que tienen asumida desde hace ya mucho tiempo. Al igual que los investigadores que han llevado el caso, tienen el convencimiento de que este conocido empresario mierense fue asesinado. Los responsables de la Comisaría de Mieres dejaron patente hace dos años su tenacidad a la hora de intentar esclarecer lo que todo apunta es un crimen irresoluto. "Por nuestra parte no cesaremos en el empeño", subrayan insistentemente fuentes policiales. De hecho, el contacto entre la Comisaría y la familia de la supuesta víctima se mantiene activo y es muy frecuente. La familia aún conserva alguna esperanza de que la investigación pueda desbloquearse. Se aferran a la certeza de que el supuesto crimen no prescribirá hasta todavía dentro de 9 años.
José María González tenía 57 años cuando desapareció el 30 de marzo de 2009. Era una persona muy conocida en Mieres. Había sido minero y, posteriormente, durante un tiempo, fue gerente de una empresa de ambulancias. El día de su desaparición había estado toda la mañana con su mujer. Por la tarde salió a tomar un café y aseguró que volvería para la hora de la cena, a las diez y media de la noche. Desde entonces, todo es silencio en torno a este hombre. La investigación se centró desde el primer día en un sospechoso y en un lugar, La Zoreda. Hace apenas dos años la Policía estuvo intentando localizar el cuerpo de José María García en una finca de esta localidad. Desplegaron un amplio dispositivo sobre el terreno, con unidades de subsuelo y sistemas de georradar.
