La vía libre dada por el Gobierno central para que los municipios puedan invertir el 20% del superávit del ejercicio anterior en medidas que palien las situaciones de emergencia social provocadas por la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido bien recibida por el gobierno langreano y con cierta indiferencia por el ejecutivo de Mieres. Ese gasto no precisa la aprobación inicial del Pleno ya que solo se necesita un decreto de la Alcaldía. La regidora de Langreo, Carmen Arbesú, aseguró que es "una herramienta que será necesaria y es muy bienvenida para disponer de recursos y ayudar a quien lo necesite".

Aunque no precisa el apoyo de otras formaciones antes de ejecutar el gasto resaltó que "buscará consenso en la Corporación municipal". El gobierno langreano no conoce aún cuál es la cantidad con la que contará. Jesús Sánchez, portavoz de Unidas por Llangréu (principal grupo de la oposición), apuntó que es "lógico que en una situación de excepcionalidad se puedan tomar decisiones de forma rápida". "No seremos nosotros los que pongamos problemas dado a lo que va destinado", subrayó.

El vicealcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, comentó que "ahora mismo, no tenemos dificultades para atender los gastos que genera la cobertura de los servicios y de las emergencias sociales. Entendemos que está medida puede posiblemente ser beneficiosa para consistorios grandes, a los que les cueste más maniobrar". A bote pronto, el edil de IU sostiene que ve más práctica que se abra la mano con las modificaciones presupuestarias, que con el remanente. En Mieres, éste último ascendió en 2019 a unos 7 millones. Álvarez subrayó que si bien las medidas van "en la dirección correcta", son "insuficientes" a medio plazo: "Necesitamos poder disponer de todos los recursos a nuestro alcance a más largo plazo. Esta crisis va a generar necesidades a las administraciones locales que ahora mismo son difícil de intuir. Las necesidades de cada municipio variarán, pero el golpe a nivel social y empresarial será duro y requerirá de un gasto excepcional".