José María González tenía 57 años cuando desapareció el 30 de marzo de 2009. Era una persona muy conocida en Mieres. Había sido minero y, durante un tiempo, fue gerente de una empresa de ambulancias. La familia y la Policía Nacional no tienen ninguna duda de que fue asesinado. Hubo incluso un sospechoso principal, pero la investigación no ha logrado recabar pruebas suficientes para acusarle, aún cuando inicialmente fue imputado. La familia espera poder tramitar en las próximas semanas su defunción, procedimiento que la Fiscalía aún no ha autorizado pese que ya se ha superado con creces el plazo de 10 años que establece la ley como norma para dictaminarse esa condición.
En este escenario, la investigación policial permanecerá abierta hasta que el presunto crimen prescriba, para lo que aún quedan 9 años. Ahora bien, parece muy improbable que el caso pueda resolverse mientras el cuerpo de José María González siga sin aparecer. La Policía Nacional ya ha demostrado que se resiste a rendirse. En 2018 se abordó un intenso rastreo en La Zoreda, en Oviedo, en busca del cuerpo. Fue el lugar en el que la señal del móvil de José María González se apagó definitivamente. La familia tiene el convencimiento del cuerpo está en las inmediaciones.
Los expertos aseguran que la mayoría de los asesinatos, casi un 80 o 90 por ciento, se resuelven en las primeras 72 horas. Pasado este tiempo, la pista comienza a decolorarse. Lo cierto es que a nivel policial, aunque se mira de reojo al caso, se asume que la investigación está encallada. Con todo, hay precedentes de crímenes que terminaron siendo resueltos muchos años después de ser cometidos.
Uno de los casos que mayor repercusión tuvo en España fue el de Eva Blanco, de 16 años y asesinada en 1997 en un pueblo de Madrid. La tenacidad de la Guardia Civil dio frutos 18 años después, en 2015. Un estudio del Instituto de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela a partir de la muestra de semen del autor determinó que correspondía con una persona del norte de África. Los investigadores peinaron los registros patronales de los pueblos de la zona en la fecha del crimen y se contactó con los marroquíes que aún residían en la zona. Los agentes encargados del caso centraron su atención en unas 200 personas. La colaboración fue total y al final el rastro del asesino apareció. Saltó un positivo, aunque su ADN no coincidió al por completo con la muestra. Se descartó, pero la investigación estaba encauzada. Poco después se detuvo, a Ahmed Chelh, hermano del anterior, y que se había trasladado a Francia dos años después del crimen.
El paso del tiempo juega casi siempre a favor del criminal, pero también introduce en las investigaciones nuevas herramientas tecnológicas que acaban armando a los investigadores. En ocasiones las pruebas están sobre la mesa desde el inicio a la espera de poder ser descifradas. Un buen ejemplo es el caso del asesinato de Juan Antonio López. Tardó diez años en ser resuelto. En 2012, los avances tecnológicos en la identificación de huellas dactilares y en la elaboración de perfiles genéticos permitieron detener a los autores.
No hay que menospreciar tampoco en estos casos los giros que en el acontecer cotidiano son originados simplemente por hechos fortuitos o por la propia necedad de los criminales. Una serie de carambolas y casualidades acabó en 2017 con Rafael Alberto-Burgos detenido mientras lavaba platos en un bar de Nueva York. Este dominicano había matado en 1997 a su novia en Barcelona. Pero le dio tiempo a fugarse a Estados Unidos y allí desaparecer tras cambiar de identidad. En 2012 la Policía lo detuvo por mear en la calle. Nada grave, una multa y a casa. La Policía Nacional, en un trámite rutinario, se puso en 2016 en contacto con el juzgado de Gavá para confirmar qué órdenes internacionales de busca y captura seguían vigentes. Una confusión llevó al Juzgado a entender que Rafael Alberto-Burgos había sido detenido, lo que les llevó a reabrir la causa y a asignar un abogado de oficio. El letrado recibió el encargo con extrañeza, pero mostró interés y solicitó una rogatoria a la Interpol para descubrir si éste había aparecido en alguna parte. La investigación acabó encontrando el rastro de la inoportuna meada que el asesino había echado en las calles de Nueva York en 2012. Tardará en poder volver a miccionar en vía pública.
La estadística dice que la investigación de los crímenes que no resuelven con prontitud suele complicarse. Pero siempre hay excepciones.
