Aprovechar la nueva ley de Cambio Climático y el "compromiso irreversible de la UE con la transición energética" para hacer de la empresa Hunosa una compañía eléctrica a nivel nacional, que ayude a "contener los excesos del mercado" y de las firmas energéticas privadas. Esta es la propuesta del sindicato minero SOMA-Fitag-UGT para el futuro de Hunosa, para que "esté a la vanguardia de la imparable transición".
La central subraya que la Ley de Cambio Climático obliga a las empresas estatales a deshacerse de "todos aquellos activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil", por lo que "resulta evidente que, en Asturias, ante esta situación que ya nos están apuntando, debemos aprovechar el acuerdo sobre el Plan de Empresa 2019-2027, donde hicimos una apuesta clara para que Hunosa, como empresa pública, estuviese en vanguardia".
En principio, hay un plazo de dos años desde que se apruebe la Ley, para acometer las desinversiones. Según el SOMA "no hay tiempo que perder, y debemos buscar nuestra soberanía energética, y reducir la dependencia del exterior, al igual que lo hacen los países de nuestro entorno, mediante una empresa energética pública, que ayude a contener los excesos del mercado". El sindicato pone como ejemplo a Électricité de France, Energías de Portugal o el Ente Nazionale per l'Energia Elettrica en Italia. "No tenemos que tener ningún complejo para utilizar la herramienta que ya está creada, y que no es otra que Hunosa". "En un momento donde todo tipo de empresas reclaman liquidez al Estado", añadieron desde el sindicato minero, "sería buen momento para abrir el debate sobre nacionalizar y tomar el control público accionarial de empresas de sectores estratégicos, como es el caso del sector energético; íntimamente ligado al carácter esencial de la industria". Tal y como apuntan, solo el 5% de esta energía se genera desde "la propiedad pública".
El SOMA defiende "la necesidad de un Pacto de Estado por la Energía, de medio y largo plazo, que dote de estabilidad, credibilidad, y sensatez al sistema, y que sirva de palanca para la productividad, la competitividad y la generación real de puestos de trabajo". Al mismo tiempo, este pacto serviría para tener un mayor control en los precios de la energía y por lo tanto, impulsar el sector industrial nacional. El sindicato reta al Gobierno central a llevar a cabo este tipo de iniciativas: "Hace falta coraje político, y diseñar, de una vez por todas dicho pacto, que debe ser valiente, que debe ir unido a un marco regulatorio estable, y que nos permita ser verdaderamente pioneros, abordando la aparición, o modernización de nuevas formas de generación eléctrica".
Al mismo tiempo se propone modificar la Ley que regula al sector eléctrico, "no podemos dejar pasar más tiempo sin poner encima de la mesa las reglas del juego para el almacenamiento energético o la posibilidad de regular y poner en valor la capacidad de acceso de evacuación de los nudos de la red afectados por los posibles cierres de las centrales térmicas". La central concluye afirmando que los fondos verdes de la UE son "el futuro industrial de Asturias".
