El nuevo borrador del convenio que permitirá culminar las obras del soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo será analizado en el Pleno que se celebrará la próxima semana. El orden del día de la sesión plenaria, que tendrá lugar el próximo miércoles, incluye el debate para la aprobación del documento, que ya tiene el visto bueno del Principado y del Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).
La Alcaldesa, Carmen Arbesú, incorporó este asunto tras la petición trasladada por el PP, indicó el equipo de gobierno municipal. En ese Pleno se debatirá también la modificación presupuestaria a abordar para destinar recursos contra la crisis provocada por la propagación del coronavirus.
Quedaría fijar una fecha para que tanto el Adif como el Principado y el Consistorio firmen el convenio. Sería el trámite pendiente para proceder a la licitación de la segunda fase de los trabajos, centrada en la instalación de las vías y la catenaria. Este bloque de obras será financiada por el Adif mientras que la tercera fase, la urbanización de los terrenos liberados, será ejecutada por el Principado con cargo a los fondos mineros.
El nuevo borrador del convenio llegó al Ayuntamiento el 9 de marzo, poco antes de que se decretase el estado de alarma, con las anualidades actualizadas. Se mantiene el presupuesto, de 49,3 millones de euros, y la fecha de finalización en 2022. Los cambios respecto al anterior documento se centran en el trasvase de anualidades de 2019 a 2020 al no iniciarse la obra.
El ejecutivo municipal había encargado un informe jurídico para analizar si era necesario aprobar el borrador del convenio en el Pleno dado que las modificaciones se limitaban a las anualidades. Antes del debate sería necesario que la Corporación municipal votase la urgencia al no haber sido analizado el documento en comisión informativa en estas últimas semanas.
La obra del soterramiento está parada desde septiembre de 2017, cuando se culminó el falso túnel. Los trabajos se iniciaron a finales del año 2009, hace más de una década, con un plazo de ejecución de 30 meses y un presupuesto de 55 millones con cargo a los fondos mineros. La ejecución de la actuación ha sufrido numerosos contratiempos, entre ellos problemas técnicos y administrativos, pero también de financiación, que han ocasionado retrasos y un incremento del coste. La modificación del convenio ha sido el último obstáculo a salvar.
