Que Hunosa se transforme en una nueva Endesa: es decir, una verdadera empresa nacional de electricidad. Esta es una de las últimas propuestas realizadas por el SOMA para afianzar el futuro de la todavía compañía minera. La nueva Ley de Cambio Climático que prepara el Gobierno impide al sector estatal tener intereses en la extracción y uso de combustibles fósiles. Es decir, se dejará de sacar carbón en el pozo Nicolasa, el único que sigue abierto con tal fin. El sindicato propone hacer de Hunosa el germen de una nueva empresa eléctrica estatal, a imagen de lo que en su día fue la privatizada Hunosa. Defiende la iniciativa con varios argumentos: entre ellos, que el Estado tendría más herramientas para poder intervenir y regular, al menos parcialmente y de forma más eficaz que ahora, el precio de la energía. Una herramienta muy útil para potenciar la industria española, tan adelgazada en los últimos años, y que, tras la crisis del coronavirus, se ha visto que es necesario revitalizar.
En su iniciativa, el sindicato minero SOMA explica que, de llevar adelante la propuesta, España no sería el único país del entorno que cuenta con una empresa de capital público estatal en el sector eléctrico. Subraya los nombres de varias compañías de este tipo existentes en el continente, entre ellas, dos de las tres principales eléctricas mundiales: Électricité de France (EDF), con más de un 80% de capital público, y el Ente Nazionale per l'Energia Elettrica en Italia (Enel), con alrededor del 30% de sus acciones en manos del Estado, lo que a efectos prácticos le da el control de la empresa. Fue precisamente Enel la compañía que acabó haciéndose con el accionariado mayoritario y con el control de Endesa la pasada década.
Según la propuesta, Hunosa tendría que ser el embrión a partir del cual se gestara una nueva compañía energética de carácter estatal. El primer (pero corto) paso ya está dado, posee una central térmica en La Pereda (Mieres) que se va a transformar, con los planes de descarbonización y de modernización de la compañía, en una central de biomasa. El siguiente paso le saldría a bajo coste al Estado: sería recuperar la concesión de decenas de centrales hidroeléctricas, repartidas por todo el país, y cuyos contratos vencen en estos años. Algunos, de hecho, ya lo han hecho. Hasta 2030 prácticamente concluirían las concesiones de las principales instalaciones de este tipo en el país. La Audiencia Nacional estableció que el límite máximo para estas concesiones debía ser de 75 años, y muchas están a punto de caducar. El apoyo político a esta recuperación parte de distintos grupos políticos de Podemos en varias comunidades autónomas. También la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mostró en 2018 favorable a esta reversión al Estado, que es el dueño de las instalaciones.
La capacidad de generación energética de estas centrales hidráulicas no es precisamente pequeña. Con una capacidad de 20.330 megavatios representa la cuarta parte de la potencia total instalada en España. Hasta 2030 habrán caducado las concesiones de aproximadamente el 20% de todas estas centrales. El Estado, una vez recuperado el control de su patrimonio, podría sacar a subasta su explotación o, como se propone ahora, integrarlas en una nueva eléctrica estatal. A partir de ahí, también se aboga por realizar inversiones en otras energías renovables si la apuesta del Gobierno es, como todo apunta, la descarbonización total de la economía y pasar a estar en la vanguardia de este tipo de tecnologías.
Proceso privatizador
Proceso privatizadorEl proceso de privatización de las empresas públicas españolas que eran rentables comenzó progresivamente en los años 80, con la venta de parte de su capital por parte del Gobierno de Felipe González, pero se aceleró hasta deshacerse de prácticamente todas ellas con el tándem José María Aznar-Rodrigo Rato al frente del Ejecutivo. Se imitó el modelo británico de los años 80. Así como Margaret Thatcher vendió la British Steel, British Petroleum, British Airways y Rolls Royce -solo se libró el National Health Care, por las malas cifras que arrojaban los sondeos y por la negativa de su propio partido conservador-, durante la etapa de Azar el Estado se deshizo de Endesa, Repsol, Telefónica, Aceralia, Tabacalera y Argentaria. En 1995 el Estado español poseía el 12,2% del capital empresarial en la Bolsa. Tras las privatizaciones se quedó en un 0,52%. Se imitó el "milagro económico" a través de la venta de empresas que, adecuadamente gestionadas -algunas lo estaban-, arrojaban beneficios y ayudaban a regular precios en mercados como el de la electricidad y los combustibles.
Premios Nobel de Economía como Joseph E. Stiglitz o Paul Krugman se muestran favorables a que el Estado sea dueño de empresas en sectores como el energético o la banca. "¿Por qué teme el sector privado que el Gobierno ofrezca hipotecas? Si son más eficientes, como aseguran, ¿cuál es el problema?", aseguraba Stiglitz en la presentación de su obra "Capitalismo progresista".
