El anuncio de que el Gobierno apoyará el cierre de la central térmica de Lada no ha caído bien entre la plantilla del complejo propiedad de la empresa eléctrica Iberdrola. Una plantilla disminuida con el progresivo desmantelamiento de la planta, que comenzó con la parada y desmontaje del grupo eléctrico Lada 3 en 2013. Entonces la factoría contaba con 147 empleos directos, un número que se redujo hasta los algo más de cien una vez se cerró este primer grupo y que ahora, tras el anuncio de clausura definitivo por parte de la empresa en 2017, ha caído hasta poco más del medio centenar.
Las plantillas de las subcontratas también han descendido de forma similar, y ahora también cuentan con unos 50 empleados. La postura de la plantilla respecto al anunciado cierre, que cuenta ya con el visto bueno de Red Eléctrica de España (REE), de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del propio Ministerio para la Transición Ecológica (que ya ha elaborado una propuesta de resolución favorable a la clausura), no ha variado. Reclaman a Iberdrola que sustituya la térmica de carbón por otra instalación generadora de energía y piden "sensibilidad" tanto a la compañía como al Gobierno central al ser las Cuencas una zona ya muy afectada por el declive industrial -la minería, Duro Felguera, Vesuvius-.
Ángel García, secretario general de UGT en el valle del Nalón y trabajador en la central térmica langreana subraya la "incertidumbre total" en la que viven los empleados: "No sabemos cuándo se cerrará definitivamente, ni la duración del desmantelamiento, ni si habrá un plan de traslados, tampoco si habrá prejubilaciones. No se proporciona información". Los trabajadores piden en última instancia al Gobierno que "no autorice" el cierre, ya que "se habla de una transición justa que, en este caso, lo que trae consigo es el cierre de una instalación y el perjuicio a muchas familias". La clausura, por el momento, no trae consigo ningún tipo de plan de compensación para Langreo, como sí hacen otras compañías, como por ejemplo, Endesa con el cierre de la central de Andorra en Teruel.
García apuntó que "seremos de los primeros emigrantes energéticos del país". "Se habla de transición justa, pero lo que se dice desde los escaños es lo contrario a lo que se está aplicando", destacó el secretario general de UGT, que añadió que "está muy bien tener buenas intenciones respecto al medio ambiente, pero lo cierto es que sin el compromiso de muchos países, no vale para nada. La realidad es que este cierre no se hace por preservar el medio ambiente, se hace por dinero".
También recordó que los trabajadores, junto con empleados de otros sectores, tenían previsto protagonizar una gran manifestación por el futuro de las comarcas mineras el 18 de marzo. Una movilización que, debido al estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus se acabó suspendiendo. La plantilla ha ido disminuyendo progresivamente a medida que la térmica ha ido cerrando instalaciones. La caída ha sido del 66 por ciento en siete años, de 147 a 50 empleos directos. La mayor parte, a base de prejubiliaciones y traslados.
Otra preocupación que surge y que plantean los trabajadores con el futuro cierre es el nivel de ayudas de los fondos de transición justa de la UE, "que no sabemos si podría reducirse porque habría menos centrales térmicas y apenas queda un pozo de carbón".
