El desmantelamiento de la central térmica de Lada durará tres años y tendrá un coste de al menos 17 millones de euros. Desde el momento en el que el Ministerio para la Transición Ecológica dé su visto bueno al cierre -existe una propuesta de resolución que autoriza la clausura, con informes favorables de Red Eléctrica de España (REE) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- la empresa vasca Iberdrola tendrá un plazo de un año para poder poner en marcha el desmontaje de las instalaciones, que llevan funcionando en Langreo desde 1949.
En la propuesta de resolución que maneja el Gobierno se establece que el cierre definitivo de la planta deberá realizarse "en el plazo de doce meses contados a partir de la fecha de la resolución". A partir de ese momento, Iberdrola dispondrá de "tres años contados a partir de la fecha en que el cierre se haga efectivo" para realizar el "desmantelamiento total" de la térmica. La empresa, que también está en proceso de clausurar la central de Velilla (Palencia) tiene previsto pagar unos 35 millones de euros por el desmantelamiento de ambas instalaciones.
Eliminar la planta langreana tendría, individualmente, un coste algo inferior a la mitad de esta cantidad, alrededor de 17 millones. Una cantidad muy inferior a la que ha invertido la compañía vasca en la térmica de Lada a lo largo de la última década. Se construyó una desulfuradora que elimina entre el 92 y el 95% de las emisiones de dióxido de azufre (60 millones), se realizaron modificaciones para reducir emisiones contaminantes de las chimeneas (15 millones) y se llevaron a cabo mejoras en la turbina y equipos básicos de la planta, para mejorar su eficiencia, por valor de 40 millones.
La empresa ya remitió su plan de cierre a finales de 2017. En él se incluía su programa de desmantelamiento de la térmica langreana, que en los últimos meses ha sido analizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El proceso tendrá cinco partes. La primera, con tramitaciones administrativas iniciales, preparación y aprobación de procedimientos, con una duración estimada de 6 meses. Simultáneamente se llevará a cabo la fase de licitación y contrataciones de las obras.
A continuación se llevará a cabo la fase de retirada de residuos peligrosos y amianto, con una duración de 4 meses para los primeros y de 10 para el aislamiento con amianto, un material existente en la planta "de forma generalizada y en particular en las tuberías de la zona de caldera y de turbinas, así como en el aislamiento de las tuberías de fuelóleo". La cuarta parte es el desmantelamiento y achatarramiento, con una duración prevista de 12 meses. La quinta y última fase es la correspondiente a la demolición de estructuras de obra civil, que incluye la demolición de cimentaciones de equipos, chimenea y otras estructuras de obra civil. Durará 15 meses.
La plantilla de la térmica reclama a Iberdrola "alternativas" para mantener instalaciones generadoras de energía en la parcela. Una plantilla disminuida con el progresivo desmantelamiento de la planta, que comenzó con la parada y desmontaje del grupo eléctrico Lada 3 en 2013. Entonces la factoría contaba con 147 empleos directos, un número que se redujo hasta los algo más de cien una vez se cerró este primer grupo y que ahora, tras el anuncio de clausura definitivo por parte de la empresa en 2017, ha caído hasta poco más del medio centenar. Una disminución del 66 por ciento en siete años.
La instalación comenzó a funcionar en el año 1949, con dos grupos de generación eléctrica. En 1956 sufrió una ampliación, y en 1967 una tercera, con el equipo denominado Lada 3 y que dejó de funcionar en 2013 (en sus dos últimos años, desde 2011, apenas entró en servicio). Lada 4, la actual central, se puso en marcha en 1981. Cuenta con una potencia bruta de 358,4 megavatios. Desde su entrada en servicio, el grupo eléctrico a acumulado más de 175.000 horas equivalentes de funcionamiento a plena carga.
