Hunosa se encuentra en una complicada tesitura tras la demanda colectiva de la subcontrata Sacyr, cuyos trabajadores operan en el lavadero del Batán, en Mieres, y que según ha podido saber este diario también han emprendido el resto de empresas subcontratadas por la hullera en los pozos Carrio, Nicolasa y Santiago. Y es que, ateniéndose a la Ley de Presupuestos de 2018, la compañía minera, al ser una empresa pública, no puede acometer nuevas contrataciones por generar pérdidas en sus balances de cuentas anuales. Además, al estar en un ERE constante, ya que las prejubilaciones se consideran como tal, también supone otro impedimento a la hora de que Hunosa pueda contratar personal propio, ya que por Ley lo tendría prohibido.
En un principio, solamente habría dos vías para que la hullera pudiese satisfacer las demandas de los trabajadores de las subcontratas, algunos con 30 años trabajados para Hunosa. La primera sería un permiso especial de la SEPI, accionista mayoritaria, para poder contratar. La segunda, que es la que está llevando a cabo la plantilla, una sentencia judicial.
