Los trabajadores de la subcontrata Sacyr -antes Imsa-, que opera en el Lavadero del Batán siguen ganando apoyos políticos en su lucha por que Hunosa les incorpore de forma inmediata a su plantilla. Una reivindicación apoyada en un informe de la Inspección de Trabajo, contra el que la hullera ha presentado alegaciones. La demanda de los trabajadores recibió ayer el respaldo del grupo Popular en la Junta General, cuya portavoz, María Teresa Mallada, fue la interlocutora con los sindicatos junto a Pablo González.
La portavoz popular y expresidenta de la empresa pública minera brindó a la plantilla de la subcontrata su respaldo y ofreció su ayuda para buscar una salida política al conflicto, evitando así una judicialización que eternizaría la situación.
El PP se suma a los apoyos ya anunciados de IU, Podemos y Ciudadanos, que también se han reunido con los trabajadores de la contrata, en pie de guerra desde que recibieran un informe de la Inspección de Trabajo en el que les reconocía una cesión ilegal por parte de su empresa hacia Hunosa. Por ello, la plantilla, de más de 40 operarios, pide que se les incorpore a la compañía pública con todos los derechos laborales y sociales que ello conlleva.
Por el momento, el conflicto sigue enconado y al menos hasta la fecha no parece que vaya a tener una solución fácil. Todo apunta a que salvo sorpresa, será finalmente un juez el que tenga que resolver el futuro de los trabajadores del Batán.
