La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 8 años de prisión para un procesado por intentar asesinar a un conocido, al que atropelló tras empotrar su coche contra una parada de autobús de Mieres en la que se encontraba la víctima. En el caso de que esta tesis no fuera aceptada por el tribunal, el Ministerio Fiscal sostiene alternativamente que el presunto autor de los hechos actuó con la intención de lesionarlo, no de acabar con su vida, y, como tercera opción, que el atropello fue fruto de la conducción temeraria del procesado. La vista oral está señalada hoy, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10:30 horas.
El Ministerio Fiscal sostiene que sobre las 15:00 horas del 21 de julio de 2017, el procesado conducía un Renault Clio por la calle Ramón y Cajal, de Mieres, en sentido sur-norte, pese a carecer de permiso de conducción, momento en que, al llegar a la altura de la plaza de la Constitución, vio en una parada de autobús a la víctima, persona con la que mantenía malas relaciones por asuntos relacionados con el consumo de drogas.
Debido a ello, con la intención de matarlo, el procesado efectuó un brusco cambio de sentido, aceleró el vehículo, se adentró en la acera e impactó violentamente contra el hombre, quien se encontraba desprevenido por completo. A continuación, el procesado se bajó del automóvil y, tras manifestar a las personas allí presentes que iba a aparcar, abandonó el lugar a gran velocidad.
A consecuencia del impacto, la víctima sufrió lesiones de las que tardó en curar 90 días. Le quedaron cicatrices como secuelas. Como resultado de los hechos la parada del autobús, de propiedad municipal, resultó con desperfectos por importe de 190 euros. El automóvil que conducía el procesado era propiedad de un tercero, que falleció en noviembre de 2017. Si el Tribunal no aceptase esta tesis, el Fiscal pondría sobre la mesa como segunda opción que el acusado actuó únicamente con intención de menoscabar la integridad corporal de la víctima. En tercer lugar, si ninguna de las dos opciones fuesen válidas para el tribunal, el Fiscal entendería que el acusado actuó sin intención de causar la muerte ni de menoscabar la integridad del atropellado, sino que el suceso se produjo a consecuencia de que efectuó la maniobra de cambio de sentido de forma descuidada, brusca y a velocidad notoriamente excesiva, por lo que perdió el control del vehículo, que invadió la acera e impactó contra la víctima y la parada de autobús.
En el primer caso, el Ministerio Fiscal entiende que hay un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de conducción sin permiso. Para la segunda opción, la Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito de lesiones, con la agravante de alevosía, y un delito de conducción sin permiso. Finalmente, se calificaría el tercer supuesto como un delito de conducción temeraria, y un delito de lesiones causadas por imprudencia grave, así como un delito de conducción sin permiso.
Si el acusado es procesado por asesinato en grado tentativa, el Fiscal pedirá 8 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y de prohibición de aproximación a menos de 300 metros y de comunicación con la víctima durante 10 diez años, y por el delito de conducción sin permiso, a 5 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En el caso de ser imputado por lesiones, las penas que se piden bajan a 5 años de prisión, aunque se mantienen el alejamiento y resto de peticiones. En el tercer delito, conducción temeraria, la Fiscalía pediría 2 años de cárcel, retiradad del carné, y el resto de medidas contempladas de alejamiento.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita varias indemnizaciones que el procesado deberá afrontar, con la responsabilidad civil directa de la compañía de seguros del coche y la responsabilidad civil subsidiaria de los herederos del propietario del vehículo. Por una parte, pagaría 8.316,66 euros a la víctima, otros 190 euros al Ayuntamiento de Mieres y una cantidad por determinar al SESPA.