El 28 de octubre de 2013, la noticia enmudeció a las comarcas mineras de España: seis mineros, uno de ellos lenense, habían fallecido en el pozo Emilio de la Hullera Vasco Leonesa -en Santa Lucía de Gordón (León)-. El accidente más grave de la minería del carbón nacional durante la última década, que se saldó con otros nueve heridos graves. Llegaron los funerales, el silencio de la pena y un clamor desesperado de las familias; solo querían justicia. Más de ocho años después de lo ocurrido, se celebrará el juicio, previsto para el próximo mes de abril. Comparecerán como investigadas quince personas, entre ellas la cúpula de la empresa minera. La Fiscalía solicita penas de tres años y medio de prisión para cada uno de ellos. Considera que el accidente fue "previsible y evitable". Esta pena es "insuficiente" para los familiares con los que ha contactado este diario. Piden elevarla a seis años de cárcel.
Eran padres, eran hermanos, eran hijos. Los seis fallecidos del fatal accidente fueron José Luis Arias (de Pola de Lena), Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Roberto Álvarez y Orlando González. La Hullera Vasco-Leonesa redactó un informe, solo tres meses después del suceso, en el que aseguraba que lo ocurrido se había producido por "la emisión súbita de metano procedente de la cámara de surtiraje o postaller". Esto produjo un "desprendimiento instantáneo" de grisú, "imprevisible en su magnitud y consecuencias".
Más duro, y sin ambages, fue el escrito de la Fiscalía de León. El ministerio fiscal, tras desarrollar las diligencias de investigación, imputó a quince personas. Según su escrito, "todos los acusados incumplieron la obligación que, por sus respectivos cargos, legalmente les incumbía". La de facilitar "las medidas necesarias para proteger la seguridad de los trabajadores". Subrayó que "el accidente era previsible y evitable" porque las labores en el macizo en el que se produjo el siniestro (el macizo 7), se habían iniciado ya el 11 de octubre (dos días antes del fatal suceso) y bajo "unas condiciones muy peligrosas y sin las adecuadas medidas de seguridad".
Aún más rotundo: "Los acusados omitieron las medidas necesarias para vigilar la seguridad en el taller, y para variar la forma de explotación, paralizar el tajo e impedir que los trabajadores accedieran a diario a su puesto, lo que hubiera evitado el accidente". "Los acusados pusieron en grave peligro la vida, salud e integridad física de los trabajadores, como finalmente ocurrió, materializándose el riesgo en la producción del accidente en el que resultaron seis trabajadores fallecidos y otros ocho lesionados".
Los investigados son el presidente de la empresa, así como los que entonces ocupaban los cargos de vicepresidente y consejero delegado. También el vocal de la compañía, el director general y el responsable facultativo del Grupo Tabliza (los pozos Aurelio y Emilio del Valle). También cinco ingenieros de minas con altos cargos y responsables del servicio de prevención de riesgos, seguridad y salvamento. La jueza que instruye el caso imputó también a los cinco vigilantes de seguridad -que presentaron un recurso que no fue admitido-, el delegado minero de seguridad y a la Hullera Vasco Leonesa. En calidad de responsables civiles, subsidiarios y directos, respectivamente.
"La espera se ha hecho larga y esperamos que no haya un nuevo retraso por la crisis sanitaria actual", confirmaron fuentes de las familias a este diario. Consideran que la petición de la Fiscalía de privación de libertad se queda corta: "Queremos que los culpables lo paguen". Pero no hablan de dinero. Sobre las indemnizaciones solicitadas por la Fiscalía, que van de un millón a 700.000 euros, no se han pronunciado: "Era mi hijo, no le volveré a ver. ¿Qué precio tiene eso?", señaló a este diario el padre de uno de los fallecidos.
